El acuerdo entre el Poder Ejecutivo y las comunidades de Ayacucho acerca del cumplimiento del cierre de cuatro empresas mineras ubicadas en cabeceras de cuenca se tomaron considerando los planes de cierre establecidos anteriormente, aclaró la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En un comunicado, la PCM hizo referencia al reciente acuerdo entre representantes del Gobierno central, autoridades y dirigentes de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, cuyas cabeceras de cuenca han sido afectadas por la contaminación ambiental. Representantes del Estado peruano y de las comunidades coincidieron en que se respeten los cierres de las minas Apumayo, Pallancata, Inmaculada y Breapampa.

Para ello, el Gobierno ha creado una Comisión Ejecutiva de negociación de los plazos y términos del retiro y cierre de estas cuatro unidades mineras que ya tenían fecha de cierre prevista. De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el cronograma de los planes de cierre de las mencionadas minas tenía fechas de inicio en años anteriores como 2017, en el caso de Inmaculada y Breapampa. En la última semana de noviembre, se dará a conocer el cronograma de reuniones con las empresas mineras Apumayo, Sami S.A.C y Compañía Minera Ares para revisar el cierre de minas; así como la evaluación de la situación de otros proyectos mineros de la zona. Además, el 15 de diciembre, el MINEM presentará un cronograma de visitas al entorno de las unidades mineras con participación de la población.

Al respecto, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, explicó que las cabeceras de cuenca "son ecosistemas delicados que proveen de agua a los territorios".

"Por eso hemos acordado junto a autoridades y dirigencias de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara (Ayacucho) medidas para protegerlas de la contaminación", dijo.

Además, Vásquez anunció que "no habrá ninguna ampliación más ni para procesos de explotación, exploración e incluso para cierre de minas”.

“Haremos un cierre de minas lo más inmediato posible. En el caso de la minera Apumayo, hemos detectado de que a pesar de que ellos ya se le había pedido que entren a proceso de cierre, han estado extrayendo, lo cual no correspondía”, agregó la Jefa del Gabinete Ministerial.

Otro de los acuerdos entre representantes del Estado peruano y las comunidades afectadas por la minería fue que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) priorizará la implementación del marco metodológico sobre la identificación, zonificación y delimitación de las cabeceras de cuenca en las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara, como proyecto piloto a nivel nacional.

Por su parte, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) visitará el entorno de la unidad minera Breapampa para realizar la evaluación ambiental de causalidad a fin de identificar el origen de las fuentes de alteración ambiental.

Ante las denuncias penales por casos de protesta social, la Comisión de Alto Nivel coordinará con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) el acompañamiento a los líderes y dirigentes sociales inmersos en procesos.

Al hacer estos anuncios, la titular de la PCM resaltó que se está escuchando primero a las comunidades que denuncian contaminación minera.

“Quisiera que sepan que si estoy acá como presidenta del Consejo de Ministros es porque reconocemos que sus demandas su legítimas y justas. Por años, muchos de nuestros pueblos han sufrido serias afectaciones a nombre del desarrollo”, dijo.

Ante el anuncio del acuerdo entre el Estado peruano y las comunidades de Ayacucho, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) publicó un comunicado de rechazo en el que señala que se estaría vulnerando el Estado de derecho, desalentando la inversión y ocasionando pérdidas de puestos de trabajo.

Foto de portada: PCM Perú / Flickr

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