Desde las cuatro de la tarde de este sábado 22 de mayo, cientos de ciudadanos, representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y luchadoras contra la corrupción, así como víctimas de la dictadura de los noventa, se concentraron en distintas ciudades del Perú para manifestar su rechazo hacia la candidatura de Keiko Fujimori. 

En Lima, la marcha tuvo como punto de concentración la Plaza San Martín.

Los ciudadanos que convocaron a esta marcha nacional resaltaron el pedido de la Fiscalía de 30 años de prisión contra la lideresa de Fuerza Popular, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

Los jóvenes recordaron el rol obstruccionista y antidemocrático que cumplió la bancada fujimorista en los últimos cinco años, cuando ejecutaron censuras a ministros, un intento de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski que provocó su renuncia, y finalmente una vacancia presidencial (contra Martín Vizcarra) en medio de una pandemia que dio lugar a un gobierno ilegítimo (Manuel Merino), que dejó dos jóvenes muertos en una protesta social en noviembre del 2019.

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Por otro lado, familiares de las víctimas pidieron no permitir la impunidad para el exdictador Fujimori, condenado a 25 años de prisión como autor mediato del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), y por el secuestro del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti en 1992. También están pendientes de justicia varios casos de violaciones a los derechos humanos, como el de esterilizaciones forzadas, por el que Fujimori y otros exfuncionarios han sido denunciados. La candidata de Fuerza Popular se ha ratificado en que, de llegar al gobierno, sacará a su padre de la cárcel. 

Alberto Fujimori también ha sido condenado por corrupción y su gobierno fue considerado uno de los más corruptos del mundo, según un informe de Transparencia Internacional. Durante la dictadura de Fujimori, se estima que se defraudaron más de 600 millones de dólares de los fondos públicos del Perú. Keiko fue la primera dama de esta dictadura, en reemplazo de su madre, Susana Higuchi, quien fue expulsada de Palacio de Gobierno, tras denunciar la corrupción de su esposo y sus cuñados.

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