Organizaciones sociales de la cuenca amazónica de diversos países acordaron, este miércoles, declarar la emergencia de derechos humanos de las defensoras y defensores indígenas de la Amazonía.
Representantes de Perú, Guyana, Ecuador, Bolivia, Brasil, Guyana Francesa, Surinam, Venezuela y Colombia resolvieron también fortalecer el Programa de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas. Esto será trabajado en una hoja de ruta para evitar que líderes y lideresas "sean carne de cañón de la represión extractivista, frenar la persecución, proteger a sus familias y comunidades, y desarrollar acciones legales, políticas y judiciales, ante instancias nacionales e internacionales, frente a gobiernos que destruyen la Amazonía y reprimen a nuestros pueblos; en cumplimiento al Mandato de Macapá".
Esta declaratoria se produce en un preocupante contexto de la violencia contra los defensores ambientales. En el año 2020 se registraron 263 asesinatos contra defensoras y defensores de derechos humanos en América Latina, de los cuales 202 de ellos sucedieron en países de la cuenca amazónica (Colombia, Brasil, Perú y Bolivia), representando el 77% de los casos, señala la COICA en un informe.
El 69 % de estos asesinatos que se presentaron en el 2020 fueron contra líderes y lideresas que trabajaban en la defensa del territorio, medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.
"Solo en el primer trimestre de 2021, se registran 19 asesinatos de hermanas y hermanos indígenas (Colombia y Perú), quienes defendían los derechos de los pueblos indígenas y la madre naturaleza".
Según las organizaciones indígenas, "detrás de los asesinatos a defensoras y defensores indígenas de derechos humanos y la madre naturaleza, existen problemas estructurales vinculados directamente con el avance de las actividades extractivas que responden a intereses de las corporaciones con acuerdos estatales que impulsan extracción hidrocarburífera y minería indiscriminada, la deforestación agresiva, narcotráfico, militarización y la presencia de un conflicto armado que ha sido silenciado diplomáticamente y que atenta contra la integridad física y cultural de nuestros pueblos".
Por ello, las organizaciones piden a los gobiernos de los países amazónicos, exigen:
● Adoptar una política efectiva de protección de los derechos humanos de las defensoras y defensores indígenas de la Amazonía, sabiendo que están en una situación de alta vulnerabilidad, especialmente en los sectores fronterizos donde está expuestos a situaciones sistemáticas de abandono y desatención estatal, presión de actores armados regulares e irregulares, imposición de actividades extractivas o forestales generadoras de despojo, situación que puede llegar a constituir un genocidio por omisión.
● Realizar acciones urgentes de investigación en coordinación con los diferentes niveles de gobierno y las autoridades indígenas respectivas, de las actividades extractivistas ilegales reportadas en territorios indígenas, para su efectiva erradicación.
● Garantizar la titulación de los territorios de los pueblos indígenas, incluyendo delimitación, demarcación y saneamiento, con la debida participación de las organizaciones indígenas representativas y basados en el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas garantizados en los instrumentos internacionales, que permita salvaguardar la pervivencia de las selvas y culturas y frenar las presiones destructivas del extractivismo y la desintegración cultural y social.
● Respetar los procesos de autonomía y autogobierno territorial de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, como una alternativa que fortalece nuestra gobernanza propia, garantizando de esta forma nuestros derechos individuales y colectivos, permitiendo evitar las agresiones a nuestros territorios y detener el hostigamiento, persecución, criminalización, violaciones y asesinatos.
● Ratificar y priorizar la implementación del Acuerdo de Escazú, que incluye la disposición de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Por otro lado, la COICA señaló que la falta de titulación de los territorios indígenas representa unas de las mayores amenazas, ya que la mayoría de asesinatos se han dado por la labor de defensa del territorio y por sus acciones a favor de la titulación del mismo.
En ese sentido, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que la pérdida de los/as líder/esas representan un daño al tejido social de los pueblos indígenas y una voluntad expresa de silenciar nuestras voces, con lo que se perturba la organización y la estructura organizativa porque se obstaculiza la capacidad para expresar las preocupaciones sobre las cuestiones que afectan a nuestras comunidades.
Resaltó que el derecho a la vida es el derecho más importante del ser humano en tanto es a partir de este que se efectivizan los demás derechos y está consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Así, la CIDH establece que el derecho a la vida es un “derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido”.
También hizo referencia al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que establece en su artículo 2 que “los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.”
De igual manera, se basaron en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que afirma en su artículo 7 que “las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona.” Además, determina que “los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.”
La COICA es una instancia de convergencia internacional, que representa a más de 511 pueblos indígenas e incluyendo 66 Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial, que orienta sus esfuerzos a la promoción, protección y seguridad de nuestros territorios, con nuestras formas de vida, principios y valores sociales, espirituales, culturales, políticos y económicos.
[Foto de portada: RPP]
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