La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó hoy el informe final que recomienda acusar al parlamentario de Unión Por el Perú (UPP) Edgar Alarcón por presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito cuando era contralor general de la República, con 11 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.
La sesión en la Subcomisión, presidida por Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular) se inició el jueves pasado. La congresista Felícita Tocto fue la ponente del caso y presentó el informe indicando que había indicios suficientes que ameritan que el excontralor sea sancionado.
Aseguró que se ha hallado un desbalance de más de 200 000 soles que corresponde a junio de 2016 hasta julio de 2017, cuando era contralor. Tampoco se puede justificar una transferencia de origen desconocido de más de 275 000 soles, indicó la legisladora de Somos Perú.
"Hemos analizado los hechos acreditados y las pruebas que soportan nuestras conclusiones. Hemos tratado de ser lo más objetivos posible y hemos llegado (a la conclusión) a que se debe acusar por antejuicio político a Edgar Alarcón por existir una sospecha reveladora", señaló Tocto durante sus sustentación del informe final.
"No tengo nada en contra de él, lo único que he hecho en este informe es mi trabajo en mi condición de abogada y miembro de la Subcomisión", añadió
La conclusión principal dede este oficio señala que el legislador de UPP debe ser acusado "por antejuicio político, en su condición del excontralor general de la República, por ser el presunto autor del delito del delito contra la administración pública - enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado el artículo 401º del Código Penal, en agravio del Estado peruano".
A Alarcón se le investiga por un presunto desbalance patrimonial negativo en relación de gastos que ascienden a S/ 201.337,24, entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017, cuando se desempeñó como gerente central de Operaciones, Auditoría y vicecontralor. Según el código penal, de encontrarse culpable, afrontaría una condena de hasta 15 años de cárcel.
Además el también presidente de la Comisión de Fiscalización afronta más de cuatro denuncias en su contra por diversos delitos que habría cometido cuando era contralor general. Entre las acusaciones se encuentran hechos de colusión, peculado doloso, negociación incompatible y lavado de activos.
El documento será remitido a la Comisión Permanente, que luego lo enviaría al Pleno del Congreso, donde se someterá a debate y votación final.
(Foto: Andina)
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