¿Le llegó la hora? El informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, elaborado por la congresista Felícita Tocto (Descentralización Democrática), recomienda acusar por enriquecimiento ilícito al legislador de Unión por el Perú Edgar Alarcón. El documento, de 371 páginas, llega a dicha conclusión a raíz de una denuncia que presentó al Congreso la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el excontralor de la República en julio del año pasado.

La conclusión principal dede este oficio señala que el legislador de UPP debe ser acusado "por antejuicio político, en su condición del excontralor general de la República, por ser el presunto autor del delito del delito contra la administración pública - enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado el artículo 401º del Código Penal, en agravio del Estado peruano".

A Alarcón se le investiga por un presunto desbalance patrimonial negativo en relación de gastos que ascienden a S/ 201.337,24, entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017, cuando se desempeñó como gerente central de Operaciones, Auditoría y vicecontralor. Según el código penal, de encontrarse culpable, afrontaría una condena de hasta 15 años de cárcel.

Además el también presidente de la Comisión de Fiscalización afronta más de cuatro denuncias en su contra por diversos delitos que habría cometido cuando era contralor general. Entre las acusaciones se encuentran hechos de colusión, peculado doloso, negociación incompatible y lavado de activos.

En su defensa, durante una sesión privada de la Subcomisión, Alarcón ha reiterado ser objeto de “motivaciones políticas”. Asimismo, argumentó que se busca presentarlo como alguien “que se ha enriquecido en la función pública” por haber denunciado “a la organización criminal de Chinchero”.

En la última sesión del subgrupo, Alarcón se presentó para brindar sus descargos ante la denuncia constitucional presentada en su contra por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, el 9 de julio del 2020. Sin embargo, al comenzar la audiencia, el congresista de UPP solicitó a la presidencia que la sesión pase a ser reservada. Pedido al que Pérez Ochoa accedió.

Fuentes del Congreso informaron a La Mula que días antes Alarcón habría presionado al subgrupo de trabajo para que la sesión sea presencial y se incluya a sus dos peritos. No obstante, la norma no permite que los investigados lleven peritos a las sesiones para que puedan ejercer uso de la palabra. Ante la insistencia del investigado, la congresista Felícita Tocto, ponente de la denuncia, habría solicitado que puedan asistir junto al perito del Ministerio Público.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Carlos Pérez Ochoa, evaluará y debatirá este jueves la propuesta de Felicitas Tocto que recomienda acusar Alarcón por presunto enriquecimiento ilícito cuando se desempeñaba como contralor general. De aprobarse, el documento será remitido a la Comisión Permanente, que luego lo enviaría al Pleno del Congreso, donde se someterá a debate y votación final.

(Foto: Andina)

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