El pleno del Congreso debatirá este lunes el dictamen sobre el proyecto de ley referido al régimen de la actividad agraria, aprobado por la Comisión de Economía en una prolongada sesión iniciada este sábado 26 de diciembre.
La iniciativa legislativa tiene por objetivo promover y fortalecer el desarrollo del sector agrario y de riego, agroexportador y agroindustrial. Asimismo, garantizar los derechos laborales de los trabajadores reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales laborales y de protección de los derechos humanos, además de contribuir a la competitividad y desarrollo.
Si bien los trabajadores afectados proponían un sueldo básico de S/2.100, lo aprobado en la comisión parlamentaria es S/930 más un bono del 20%, lo que significaría S/1.116, monto al que se añadiría gratificación y compensación de servicios (CTS). Desde ya los representantes de los trabajadores se han manifestados contrarios a la propuesta que se discutirá mañana.
Entre las disposiciones del dictamen destaca que las utilidades de los trabajadores de todas las empresas sean de un 5% durante dos años y aumente de manera gradual hasta llegar al 10%. Además, que los contratos laborales pueden ser determinados o indeterminados. En ambos casos, el empleador deberá pagar los derechos laborales contemplados en el DL 728, Ley de productividad y competitividad.
La jornada laboral ordinaria no deberá exceder de ocho horas por día y de 48 horas por semana. Se puede establecer por ley, convenio o decisión unilateral del empleador, una jornada inferior a las máximas ordinarias sin afectar la remuneración diaria.
También establece que la Remuneración Básica (RB) no puede ser menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV). Adicionalmente, el trabajador percibirá una Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA) del 20% de la RMV, con carácter no remunerativo.
Las gratificaciones legales equivaldrán a 16.66% de la RB y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) equivale al 9.72% de la Remuneración Básica.
Los trabajadores que se afilien a EsSalud no perderán beneficios en el Seguro Integral de Salud (SIS) y estarán afiliados a los programas oncológicos del Estado.
Además, se señala que los empleadores están prohibidos de usar mecanismos como la intermediación laboral y tercerización de servicios, entre otros aspectos.
Esta es la última versión del texto aprobado por la Comisión de Economía que se pondrá a debate en el Pleno del Congreso, convocado por la titular del Parlamento, Mirtha Vásquez, para este lunes 28 de diciembre a las 9 a.m.
(Foto: Andina)
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