Ha pasado un mes desde la brutal represión policial ejercida durante las diversas y multitudinarias protestas que se llevaron a cabo a mediados de noviembre pasado. Exactamente, se cumple un mes desde los asesinatos de los jóvenes peruanos Jack Bryan Pintado Sánchez (22) e Inti Sotelo Camargo (24) el 14 de noviembre del 2020 durante el breve e ilegítimo gobierno de Manuel Merino.
Si bien la ciudadanía está indignada porque hasta el momento no hay responsables identificados de estos crímenes, sí hay algo que a estas alturas no debería estar en discusión: los proyectiles de armas de fuego no han sido disparados por manifestantes. Como informó Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), las pericias han aclarado que dichos proyectiles no provienen de armas artesanales.
Además, la Cnddhh llamó la atención para que el Estado peruano brinde apoyo a las familias de los jóvenes asesinados. De igual manera, señaló la necesidad de atender a las cerca de 300 personas que resultaron heridas víctimas de la represión policial. De estas, precisó Pérez, hay 30 que son de consideración y que necesitan reparación económica, ya que han dejado de estudiar y/o trabajar.
"Hay jóvenes con situaciones complicadas, que no pueden caminar, que necesitan operaciones y deben seguir tratamientos médicos. Ellos han dejado de trabajar y las familias están pidiendo reparación económica para subsistir en tanto se recuperen totalmente", dijo Pérez en declaraciones a RPP.
Además, señaló casos graves como los de John Cordero, que lamentablemente ha quedad en una condición de paraplejia, y Albert Ñahui, que ha sido afectado por una lesión en el cerebro.
Por otro lado, la Cnddhh alertó que las familias de los heridos y de los asesinados están siendo víctimas de amedrentamiento por presencia de personas extrañas en los exteriores de sus hogares y llamadas telefónicas amenazantes.
En ese sentido, la reforma de la Policía Nacional del Perú (PNP) es urgente, ya que debería haber garantía de no repetición.
Recordemos que el presidente Francisco Sagasti dijo en su primer mensaje a la Nación que iba a trabajar para que hechos similares a los ocurridos en la Marcha Nacional de noviembre no se repitan. Sin embargo, el pasado 3 de diciembre, el joven Jorge Muñoz Jiménez (19) perdió la vida víctima de un disparo en la cabeza cuando protestaba para que se respeten sus derechos laborales en La Libertad.
[Foto de portada: EFE]
Notas relacionadas en LaMula.pe:
Presentan proyecto de ley para someter a referéndum la convocatoria a una Asamblea Constituyente
Presentan proyecto de ley para proteger a defensores de derechos humanos
Mujeres defensoras de derechos humanos exigen justicia, celeridad y reparación
