La sobrecarga laboral de los inspectores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es conocida. Con apenas 764 inspectores de Sunafil a nivel nacional, han debido atender las denuncias laborales y las solicitudes de suspensión perfecta de labores durante la emergencia sanitaria. Entre marzo y agosto, se registraron más de 27,000 denuncias laborales.
Ante la necesidad de mayor personal para fortalecer la fiscalización laboral, en medio de la pandemia, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) convocó al concurso público de méritos Nro. 001-2020-Sunafil para incorporar a 100 inspectores auxiliares. El 22 de julio, se dieron a conocer los resultados de este concurso y el 31 de julio, en un reconocimiento presencial con la participación del titular del MTPE (el exministro Martín Ruggiero), los inspectores auxiliares que ocuparon los tres primeros puestos juraron al cargo y el resto lo hizo virtual.
foto: andina
Sin embargo, un día después de conocerse los resultados, el ciudadano Erick Martín Ojeda Morales interpuso un recurso de apelación contra estos pidiendo que se declare su nulidad, ya que denunció que no se computó debidamente su experiencia profesional y que fue descalificado injustamente. Finalmente, el 31 de octubre pasado, el Tribunal del Servicio Civil (SERVIR) le dio la razón al impugnante y declaró la nulidad del concurso público "por vulneración al principio de igualdad de oportunidades". Esto implica que se tendrá que convocar a un nuevo concurso público de méritos y, si bien los inspectores que fueron nombrados pueden volver a postular, deberán dejar el cargo con los eventuales nuevos resultados. Por este motivo, los inspectores muestran su preocupación ante lo que consideran una afectación a su derecho a la estabilidad laboral.
Ante ello, el Sindicato Único de Inspectores de Trabajo de Sunafil (SUIT-SUNAFIL) manifiesta su preocupación por el problema que se ha originado.
"Con ello, dicho personal que ya viene cumpliendo labores inspectivas desde julio del presente año, deberá ser desvinculado de la entidad", explica el sindicato.
El SUIT-SUNAFIL señala que se estaría afectando el derecho a la estabilidad laboral de terceros de buena fe; es decir, de los inspectores auxiliares que ya tienen contratos de trabajo y son ajenos a las irregularidades en las que haya podido incurrir la Sunafil en dicho proceso.
Ruth Mattos, secretaria general de SUIT-SUNAFIL señala que se podría afectar a un centenar de familias considerando que son profesionales que en muchos casos renunciaron a sus anteriores trabajos para desempeñar la labor de inspectores y conseguir estabilidad laboral.
La organización representativa de los inspectores de Sunafil pide una aclaración sobre qué pasará con los 100 inspectores auxiliares que ganaron el concurso. SUIT-SUNAFIL pide que se tome en cuenta el Convenio 81 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que señala que los inspectores laborales deben contar con las condiciones que les garanticen estabilidad en su empleo y los independice de los cambios de gobierno y de cualquier influencia exterior.
Para que los profesionales que ganaron el concurso público no se vean afectados, se ha presentado una medida cautelar a fin de que se conserve la actual situación laboral de los inspectores, que vienen trabajando actualmente.
Los demandantes argumentan que el Decreto Legislativo N.° 728 no contempla la posibilidad legal de extinguir los contratos de trabajo por vicios de nulidad en los Concursos Públicos de Méritos que motivaron la contratación, "ni mucho menos contempla la causal de extinción del vínculo laboral como producto de este tipo de resoluciones administrativas que declaran nulos los concursos públicos".
Recordemos que, cuando se creó la Sunafil en el 2014, se estimó que serían necesarios al menos 2,000 inspectores de trabajo para que el Estado peruano pueda cumplir con una fiscalización laboral óptima.
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[Foto de portada: Andina]
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