El Congreso ha derogado el Régimen Laboral Agrario (Ley N° 27360), que había sido prorrogado hasta el 2031 por el expresidente Martín Vizcarra. 

En principio, el Régimen Laboral Agrario, que no otorgaba estabilidad ni beneficios laborales a los trabajadores, solo iba a durar hasta el 2010, pero durante el gobierno de Alejandro Toledo, se prorrogó hasta 2021.

Así, ante la proximidad de su fecha de vencimiento, los gremios empresariales empezaron a ejercer presión mediática y política para que este régimen se amplíe. En el 2017, la Asociación Nacional de Exportadores (Adex) llegó a pedir que se prorrogue hasta el 2050. 

En el 2018, las presiones empresariales continuaron. Por ello, la mayor central sindical del país, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), se reunió con el presidente de turno, Martín Vizcarra en mayo. El exmandatario se comprometió a "no pedir facultades para restar derechos laborales ni prolongar las modalidades del régimen agrario y las exportaciones no tradicionales". 

Sin embargo, una semana después, Vizcarra elogió al Régimen Laboral Agrario. En declaraciones a la prensa, dijo:

"Yo creo que ha dado muchos beneficios al desarrollo agrario-exportador, lo que queremos como Gobierno es seguir gozando de las ventajas de un régimen agroexportador que ha dado mucho beneficio al Perú y sí hay algo que ajustar, lo ajustaremos".

Pero lo que ocurrió es que Vizcarra dejó el tema en manos del Congreso, donde solía imponerse la bancada Fuerza Popular (FP). " Creemos que ha ayudado mucho el régimen agrario y que debería haber una extensión, pero eso amerita el análisis propio que debe hacer el Congreso", señaló Vizcarra.

En junio del 2018, Adex insistía con su propuesta.

"Nosotros hemos enviado una carta hace aproximadamente una semana al presidente Martín Vizcarra y al presidente del Consejo de Ministros para juntarnos y conversar de este tema en particular, hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta", decía el presidente de Adex, Juan Varilias a RPP Noticias.

Dos semanas después, Úrsula Letona, que formaba parte de la Comisión Agraria del Congreso, logró imponer el tema en agenda y finalmente el congresista Sergio Dávila (PPK) y ocho congresistas fujimoristas, Letona, Carlos Domínguez, Modesto Figueroa, Esther Saavedra, Federico Pariona, Dalmiro Palomino, Miguel Torres y Miguel Ángel Elías, votaron a favor de la propuesta que planteaba ampliar este régimen hasta 2031.

De hecho, este régimen especial es una de las tantas herencias del fujimorismo, ya que fue promulgada durante la dictadura de Alberto Fujimori y cuando José Chlimper era ministro de Agricultura, a pesar de ser directivo de la empresa Agrícola Drokasa, beneficiaria de la norma que él mismo aprobó.

En pocas cosas se han puesto de acuerdo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en los últimos años. Uno de esos temas fue la ampliación del Régimen Laboral Agrario (Ley 27360), una norma impuesta en el 2000 durante la dictadura de Alberto Fujimori, que se supone buscaba "promover" el sector agroexportador otorgando un conjunto de privilegios a las compañías del sector.

A fines del 2018, se produjo un cambio en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). El abogado Christian Sánchez renunció ante la inminente aprobación del Plan de Competitividad y Productividad Laboral sin diálogo con los representantes de los trabajadores.

El cargo en el MTPE lo asumió la abogada Sylvia Cáceres, quien venía de participar en el Informe de Competitividad 2019, documento en el que las empresas proponían que el Régimen Laboral Agrario sea permanente y se expanda a sus cadenas productivas y otros sectores que presenten estacionalidad. ¿El argumento? Que las empresas deben seguir ganando millones a costa de menores beneficios laborales o lo que llaman "costos no salariales". En ese informe, se estima que esto ha permitido que las empresas multipliquen sus exportaciones al pasar de US$ 640 millones en 2001 a US$ 6,000 millones en 2017.  

Cuando los sindicatos andaban desubicados por el Plan de Competitividad y Productividad Laboral y salían del Consejo Nacional del Trabajo ante la falta de diálogo, el 19 de setiembre del 2019, el Pleno del Congreso aprobó ese proyecto promovido por fujimoristas. Las dos únicas bancadas que argumentaron y votaron en contra fueron las izquierdistas Frente Amplio y Nuevo Perú. Así fue la votación:

En esa sesión del Pleno, estuvo presente la entonces ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, quien elogió a este régimen agroexportador: afirmó que ha tenido un efecto positivo principalmente en la costa del país, dijo que se estaba satanizando a la agroexportación y pidió que se tenga la convicción de que esta era una buena norma para el Perú.

A fines de ese mes, Vizcarra disolvió el Congreso. Ante la falta de Legislativo, las organizaciones sociales advirtieron del peligro de que se emitan Decretos de Urgencia sobre este y otros temas laborales.

En octubre del 2019, el entonces viceministro de Trabajo, Augusto Eguiguren, le dijo a Gestión que el gobierno de Vizcarra no usaría decretos de urgencia para temas laborales. El 30 de este mes, se presentó el Plan de Gobierno y los gremios empresariales esperaban que Vizcarra haga oficial la prórroga del régimen agrario. 

En noviembre de ese año, consultadas por la prensa, dos ministras adelantaron opinión a favor del régimen laboral agrario. La exministra María Antonieta Alva Luperdi (MEF) dijo que reconocía "la importancia de la ley de promoción agraria". 

"Ahorita lo que se está evaluando con la ley agraria es, por un lado, dar predictividad a las inversiones, porque son de largo aliento. Pero también es un régimen que vence en diciembre del 2021. Primero, trabajamos con los equipos técnicos realizando los sustentos, y luego van a donde los abogados para ver si el decreto de urgencia se puede justificar", dijo Alva a El Comercio.

Por su parte, la exministra Fabiola Muñoz (Minam) dijo que nadie podía dudar de la importancia que le da el gobierno al sector agroexportador. Ante la insistencia de Canal N que le pedía que responda por qué no se había aprobado la prórroga, Muñoz contó que los ministros están haciendo una evaluación en conjunto sobre el tema. "Yo no me he parado en el Congreso por las puras", dijo como para aclarar que ella estaba a favor de continuar con los beneficios a las empresas. 

Sobre las protestas de los trabajadores que denunciaban que este régimen era discriminador, Muñoz redujo esto a un problema de falta de entendimiento y comunicación. "Hay la preocupación para que entiendan que esto los beneficio, esto tiene que ir acompañado de trabajo de comunicación", dijo la exministra.

Así llegó el mes de diciembre y, así como hizo con el Plan de Competitividad y Productividad Laboral, en los últimos días del año, el 28 de diciembre del 2019, Vizcarra y sus ministros aprobaron el Decreto de Urgencia Nº 043-2019 que amplió el Régimen Laboral Agrario hasta el 2031, tal como lo había aprobado el Congreso.

Este es el régimen por el que actualmente cientos de trabajadores de Ica están protestando, debido a las bajas remuneraciones que reciben, las extensas jornadas de trabajo, la inestabilidad laboral y el empleo precario que padecen.

El principal problema de este régimen laboral, denunciado como discriminatorio es que los trabajadores de la agroindustria reciben sus gratificaciones y los pagos por Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) como parte de sus salarios. No reciben estos pagos en fechas especiales, como sí se hace con los trabajadores del régimen general: gratificaciones en julio y diciembre, CTS en mayo y noviembre, y en este último caso en una cuenta bancaria intangible.

Mientras las empresas del régimen general aportan 9% del salario de los empleados al Seguro Social de Salud, las empresas agroindustriales estuvieron aportando apenas 4% a EsSalud durante los últimos veinte años.

El empleo inestable con la consecuente escasa tasa de sindicalización agrava aún más la situación de los trabajadores de este sector. Si bien el decreto aprobado por el gobierno de Vizcarra aumentó de 15 a 30 días las vacaciones y subió el jornal a 39 soles, esto no es justo para los trabajadores de la agroexportación, ya que estos siempre han pedido igualdad. Además, las agroexportadoras gozan de beneficios tributarios con una tasa de impuesto a la renta de solo 15% en lugar de 29,5% del régimen general.

Dato

En julio pasado, los congresistas Rocío Silva Santisteban y Lenin Bazan (Frente Amplio) presentaron el proyecto PL5759 para derogar la ley que ha prorrogado el Régimen Laboral Agrario. Este proyecto aún no llega a Junta de Portavoces.

[Foto de portada: Presidencia Perú / Flickr]

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