Los gremios empresariales esperaban que se hiciera oficial en la presentación del Plan de Gobierno el 30 de octubre pasado. Sin embargo, ni el presidente Martín Vizcarra ni el Jefe del Gabinete Ministerial lo mencionaron en sus presentaciones. Hasta el momento, la segunda prórroga del Régimen Laboral Agrario (Ley Nº 27360) aún no es oficial.

Desde hace al menos dos años, la Confiep y Adex vienen pidiendo mantener estos beneficios para las empresas agroexportadoras, consideraciones especiales que deberían vencerse en el 2021. Adex llegó a pedir que se amplíe hasta el 2050. Por su parte, el Consejo Privado de Competitividad propuso, en un informe en el que participó la actual ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, declarar como permanente este régimen. Finalmente, lo que se llegó a concretar fue la propuesta de Fuerza Popular (FP), que logró que, el pasado 20 de setiembre, el Pleno del Congreso apruebe ampliar el régimen laboral agrario hasta el 2031.

Pero, ¿en qué consiste este régimen? Actualmente, los trabajadores de las agroexportadoras reciben en su remuneración diaria un pago que incluye la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) y las gratificaciones recortadas. Aquellos que laboran en este sector no tienen 30 días de vacaciones al año como en el régimen general, sino solo 15 días. Además, las empresas solo aportan mensualmente 4% de las remuneraciones a EsSalud en lugar del 9% que aportan las empresas del régimen general. Otro beneficio es que las agroexportadoras solo pagan 15% de impuesto a a la renta en lugar del 29,5% del resto de empresas.

Los pequeños cambios que aprobó el Legislativo fue que las vacaciones sean de 30 días y que el aporte a EsSalud suba dos puntos hasta llegar a solo 6%. Sin embargo, los beneficios laborales de los trabajadores seguirían salarizados. Según cálculos de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro), lo que reciben mensualmente es entre 1,000 y 1,200 soles.

Si no fue anunciado en su Plan de Gobierno, ¿qué hará ahora el gobierno de Vizcarra? Las ministras de Economía y Ambiente, respectivamente, han aclarado que este gobierno está a favor del régimen laboral agrario. En primer lugar, la ministra María Antonieta Alva Luperdi (MEF) dijo a El Comercio que reconocía "la importancia de la ley de promoción agraria".

"Ahorita lo que se está evaluando con la ley agraria es, por un lado, dar predictividad a las inversiones, porque son de largo aliento. Pero también es un régimen que vence en diciembre del 2021. Primero, trabajamos con los equipos técnicos realizando los sustentos, y luego van a donde los abogados para ver si el decreto de urgencia se puede justificar", dijo en una entrevista el último domingo.

Por su parte, Fabiola Muñoz (MINAM) dijo que nadie podía dudar de la importancia que le da el gobierno al sector agroexportador. Ante la insistencia del periodista de Canal N que le pedía que responda por qué no se había aprobado la prórroga, la también extitular del Ministerio de Agricultura (y que fue al Congreso a apoyar la propuesta impulsada por el fujimorismo), contó que los ministros están haciendo una evaluación en conjunto sobre el tema.

"Yo no me he parado en el Congreso por las puras", dijo como para aclarar que ella está a favor de continuar con los beneficios especiales a las empresas agroexportadoras.

Sobre las protestas de los trabajadores que denuncian que este régimen es discriminador, la ministra Muñoz dijo que "hay la preocupación para que entiendan que esto los beneficio, esto tiene que ir acompañado de trabajo de comunicación".

Llama la atención que la ministra de Economía anuncie que el régimen especial para la agroexportación, que incluye importantes aspectos laborales que ya hemos explicado antes, vaya a ser aprobado vía decreto de urgencia, ya que el viceministro de Trabajo, Augusto Eguiguren, le dijo a Gestión en octubre pasado que el gobierno de Vizcarra no usaría decretos de urgencia para temas laborales.

Además, debemos considerar que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en junio del 2018, publicó un informe con los resultados del régimen laboral agrario. El MTPE concluyó que este régimen no ha cumplido con el objetivo de incentivar el desarrollo de los segmentos mayoritarios dedicados a la actividad agrícola, principalmente ha servido para aumentar las ganancias de las grandes empresas, no ha mejorado la calidad del empleo al tener remuneraciones estancadas y condiciones de trabajo precarias y ha traído efectos colaterales negativos como la mayor desprotección de los trabajadores ante el desempleo y afectación de la sostenibilidad financiera de EsSalud.


[Foto de portada: Andina]


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