El fiscal José Domingo Pérez presentó ante el Poder Judicial la acusación formal contra el expresidente Alejandro Toledo por los presuntos pagos ilícitos que habría recibido de Odebrecht para la adjudicación de la carretera Interoceánica. En su resolución el miembro del Equipo Especial Lava Jato pidió una pena de 20 años y 6 meses de prisión contra el exmandatario por los delitos “contra la administración pública en la modalidad de colusión”, y de “lavado de activos”.

En la acusación presentada por la fiscalía también están comprendidos los empresarios José Graña, para quien también la fiscalía pide 20 años y 6 meses de cárcel por los delitos de colusión y lavado de activos, y Hernando Graña, para quien se pide 11 años y 6 meses por el delito de lavado de activos. Asimismo, se hace extensiva a los investigados Avraham Dan On, exasesor de seguridad de Alejandro Toledo; los empresarios Fernando Gonzalo Camet, Gonzalo Ferraro y José Castillo Dibós; y los exfuncionarios de Proinversión Sergio Bravo y Alberto Pasco-Font.

Es importante precisar que tanto Graña Miro Quesada y su primo, Graña Acuña, figuran como acusados en el documento del fiscal Pérez debido a que su proceso especial de colaboración eficaz, aún no ha sido aprobado por el Poder Judicial. En diálogo con El Comercio, el abogado Jorge Massa, defensa legal de José Graña, indicó que la presentación de la acusación fiscal es algo “que tenía que suceder porque es lo que legamente corresponde”. 

“Para nosotros es algo que era previsible y estamos trabajando el tema de la colaboración eficaz [...] sin duda hubiésemos preferido cerrar la colaboración antes, pero todos conocen las cosas que han pasado, que nos ha afectado a todos, esta circunstancia de pandemia”, comentó.

La investigación, que inició el 2 de febrero del 2017, vencía el 3 de febrero de este año; sin embargo, en marzo el Equipo Especial Lava Jato solicitó al Poder Judicial la ampliación de las pesquisas por tres meses, la cual fue aceptada. Este caso, además, es motivo del proceso de extradición que afronta Alejandro Toledo desde Estados Unidos, donde actualmente cumple arresto domiciliario. 

El pedido de la fiscalía se realiza previo a las audiencias por el juicio de extradición que la justicia del país norteamericano iniciará contra el expresidente en setiembre. Precisamente, la fiscal federal de Estados Unidos, Elise Lapunzina, afirmó que el Tratado de Extradición entre Perú y Estados Unidos se aplica en el pedido que interpuso la justicia peruana contra el Toledo.

DATO

Esta es la segunda acusación formal presentada contra el exjefe de Estado. En junio del año pasado, el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, formalizó acusación por el caso Ecoteva. El Ministerio Público pidió 16 años y 8 meses de cárcel contra el exmandatario, como coautor del presunto delito de lavado de activos. 

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