El juez Juan Sánchez Balbuena rechazó el pedido de la fiscalía para que la exprimera dama Nadine Heredia Alarcón regrese a prisión preventiva por el caso Gasoducto Sur. El magistrado decidió ordenar comparecencia con restricciones para la esposa del expresidente Ollanta Humala y sus coimputados, los exministros Luis Castilla y Eleodoro Mayorga.

Entre las reglas de conducta que deberá cumplir Heredia mientras dure la investigación en su contra, destacan su asistencia cada 30 días al Juzgado, pasar un control biométrico y pagar S/ 50.000 de caución. La medida restrictiva alcanza también a Castilla y Mayorga.

Durante la lectura de su resolución, el juez determinó que no existen elementos probatorios para dictar prisión preventiva al no existir graves y fundados elementos de convicción, asegurando que no se condice con el acuerdo plenario, que establece que las prisiones preventivas no debe ser una pena adelantada. Además, discrepó con el Ministerio Público sobre el arraigo domiciliario y laboral de la exprimera dama en cuanto a un peligro de fuga. 

Sánchez Balbuena indicó que se contradicen los testimonios de algunos colaboradores eficaces del caso, por lo que no representa una prueba de algún acto colusorio. Asimismo, señaló que Heredia no representa un peligro de fuga por tener arraigo familiar y laboral, este último por recibir remuneración del Partido Nacionalista y haber creado una empresa propia. 

La fiscal Geovana Mori solicitó que se dicte 36 meses de prisión preventiva contra Nadine Heredia y los exministros Luis Castilla y Eleodoro Mayorga, a quienes les imputó los delitos de colusión agravada y asociación ilícita para delinquir, por supuestamente haber favorecido a la empresa Odebrecht en la concesión de este megaproyecto. 

En sesiones pasada, la integrante del Equipo Especial Lava Jato estimó que la esposa del expresidente Ollanta Humala podría cumplir una condena de entre 18 a 30 años de cárcel si es hallada culpable por el caso Gasoducto del Sur. Asimismo, advirtió un peligro de fuga y obstaculización, al igual que de los exministros.

"Nos encontramos ante un concurso real de delitos. Por lo tanto, procede la sumatoria de estas penas; entonces la pena probable sería de 18 a 30 años, con lo cual se superaría ampliamente los 4 años que establece el Código Procesal Penal para este segundo presupuesto", indicó.

Mori aseguró que la exprimera dama ha tenido un comportamiento obstaculizador al señalar que interfirió en las declaraciones de los testigos. En ese sentido, consideró que el peligro de obstaculización aparece debido a la injerencia y capacidad para que los testigos no obedezcan a los deberes de declarar en las citaciones fiscales. "Se acredita la obstaculización cuando, en el 2018, el abogado Wilfredo Pedraza, que representó a Heredia, le pidió al exministro Jorge Merino, que niegue haberse reunido con su patrocinada en Palacio de Gobierno", precisó. 

(Foto de cabecera: Poder Judicial)

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