De mal en peor. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó, por mayoría, declarar procedente la denuncia constitucional que presentó la congresista Carolina Lizárraga en contra del suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez por “interferir” en las investigaciones del caso Lava Jato. 

Los integrantes del grupo de trabajo que preside Luis Roel, de Acción Popular, aceptó el informe de calificación con 9 votos a favor y 2 en contra de Fuerza Popular. En el documento se señaló que la acusación interpuesta por la legisladora del Partido Morado cumplió con los requisitos de procedencia.

“Se puede evidenciar que, en el presente caso, los hechos que constituirían las infracciones constitucionales denunciadas, serían los actos obstruccionistas y persecutorios del fiscal supremo Tomás Gálvez en contra de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, miembros del Equipo Especial Lava Jato, configurando dichos actos la infracción constitucional a los artículos 39, 44 y 139.2 de la Constitución”, se lee en el tercer requisito de procedencia.

La fujimorista Martha Chávez, quien recibió el respaldo de su colega de bancada Carlos Mesía, cuestionó que se esté admitiendo la denuncia contra Gálvez cuando, en otro informe que se declaraba como improcedente una acusación contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. “Yo no entiendo cómo puede haber un informe de calificación que dice que sí hay que investigar al fiscal Gálvez por atreverse a denunciar a dos fiscales de nivel mínimo (José Domingo Pérez) e intermedio (Rafael Vela) y en el informe 13 (contra Zoraida Ávalos) decimos que es improcedente porque se trata de la fiscal de la Nación y los hechos no serían infracción o delito”, comentó. 

Según la denuncia presentada por Lizárraga, Tomás Gálvez dispuso que se inicie una investigación contra el fiscal José Domingo Pérez otorgándole cinco días de plazo para que realice sus descargos, pese a que este último estaba en Brasil realizando diligencias en diciembre del 2019. “La denunciante alega que la citación al fiscal provincial, José Domingo Pérez, no sería una coincidencia, sino que formaría parte de una cadena de hechos realizados en contra de los citados miembros del Equipo Especial Lava Jato”, se lee en el informe. 

La semana pasada, la misma subcomisión admitió a trámite la denuncia constitucional que había presentado Zoraida Ávalos, contra Tomás Gálvez, sobre presuntos vínculos con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Se incluye también al exjuez César Hinostroza y los exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez Pebe.

Caso Zoraida Ávalos

De otro lado, la subcomisión desestimó la denuncia que la excongresista Yeni Vilcatoma había presentado contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por presuntamente haber infringido dos artículos de la Constitución.  Luis Roel Alva defendió la improcedencia al indicar que las conductas que Vilcatoma consideró como vulneraciones constitucionales no eran tales porque “no se aprecia que los hechos materia de denuncia puedan considerarse como afectaciones a la honra o los intereses de la Nación”.

Por último, el grupo de trabajo admitió la procedencia de la denuncia que presentó la fiscal de la Nación contra el exongresista Jorge Castro por presuntamente haber cometido durante sus funciones los delitos de concusión y violación de la correspondencia. El exparlamentario presuntamente habría obligado a sus trabajadores a pagar un “diezmo” para solventar gastos del exparlamentario.

(Foto de cabecera: Andina)

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