Conflicto de intereses. En medio de evidentes intenciones por debilitar  a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), a través de una interpelación ya aprobada contra el ministro Martín Benavides, han salido a la luz nuevos vínculos entre los asesores de la Comisión de Educación del Congreso y algunas universidades investigadas por dicha identidad. 

Un reportaje de Punto Final reveló que el nuevo asesor principal de la Comisión de Educación trabajó en universidades evaluadas por Sunedu. Se trata de Luis Enrique Laines Morales, quien fue designado como su reemplazo de Ángela Miñope, cesada del cargo debido a que al mismo tiempo lideraba una empresa de consultoría a universidades en proceso de licenciamiento.

Laines Morales trabajó entre los años 2016 y 2018 en el área de Comunicaciones de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Asimismo, entre octubre y diciembre del 2017 brindó servicios a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. En esta institución, realizó labores de gestión, coordinación y seguimiento para la implementación del levantamiento de observaciones del expediente de licenciamiento institucional efectuado por Sunedu. 

Pese a las pruebas, el actual asesor de la Comisión de Educación negó haber trabajado para alguna universidad. “No tengo ninguna relación con ninguna universidad pública, ni privada ahora ni antes”, señaló Laines a Punto Final. En tanto, el congresista Luis Dioses, presidente de este grupo de trabajo, dijo no conocer sobre el tema. 

Sin embargo, el caso de Luis Enrique Laines Morales no es el único que evidenciaría un conflicto de intereses al interior del grupo de trabajo que encabeza Dioses. El dominical informó que Arturo Alpaca Julián, contratado como técnico en el despacho del congresista Fredy Condorí, integrante de la Comisión de Educación del Parlamento, fue empleado de Alpaca en la asociación educativa Systematic Sac, dedicada a la venta de equipos informáticos y a la capacitación sobre sistemas y software, entre los años 2018 y 2019.

Esta empresa, cuyo gerente general fue hasta marzo de 2019 Alpaca, mantenía alianzas estratégicas con la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y la Universidad Alas Peruanas filial Ica, cuyos licenciamientos fueron denegados por la Sunedu. En diálogo con Punto Final, Condorí reconoció que trabajó para la compañía de su ahora trabajador. No obstante, aclaró que solo asesoró externamente a la empresa. 

El tercer caso presentado en el programa se trató de Ranjiro Nakano Osores, asesor del congresista Jorge Pérez Flores en la Comisión de Educación. En sus redes sociales, Nakano expresa su opinión y defensa en favor de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, centro eudcativo al que la Sunedu le quitó el licenciamiento. 

Por último, se conoció que la abogada Dora Yane Millones Caro, otra de las asesoras principales de la Comisión de Educación, es investigada por el presunto delito de lavado de activos. La también esposa del exalcalde de Breña, Ángel Wu, postuló al municipio para suceder en el mismo cargo a su cónyuge, cuya campaña contó con el apoyo de José Luna Gálvez, dueño de la universidad con licenciamiento denegado Telesup. 

En 2019, Wu fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por malversación de dinero cuando era gerente de administración de la Municipalidad de Carabayllo. Asimismo, Millones Caro fue denunciada por el Ministerio Público por un supuesto desbalance patrimonial por la adquisición de bienes sin contar con sustento economico. 

Cabe resaltar que el pasado 4 de julio, el Pleno del Congreso aprobó otorgar facultades a Comisión de Educación para investigar a la Sunedu por los licenciamientos otorgados a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL). 

Asimismo, este viernes la Junta de Portavoces del Congreso aprobó una moción de interpelación presentada por Acción Popular, Frepap, Fuerza Popular y UPP para el ministro de Educación, Martín Benavides, por las “irregularidades advertidas en el proceso y otorgamiento de licenciamiento de las filiales de Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Ica y Huancayo de la Universidad Tecnológica del Perú SAC y de la Universidad Privada Peruano Alemana”.

El pliego interpelatorio viene acompañado de 33 preguntas y está suscrito por el vocero de Unión por el Perú (UPP), José Vega Antonio; la portavoz del Frepap, María Teresa Céspedes, el vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga; el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (UPP), y otros 19 parlamentarios.

(Foto de cabecera: Congreso)

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