La Comisión de Constitución parece haber encontrado una nueva forma de boicotear el trabajo realizado para conseguir una reforma constitucional que impida postular a cargos públicos de elección popular a todo aquel sentenciado por corrupción, entre otros delitos graves. Omar Chehade, titular de este grupo de trabajo, ya cuenta con el predictamen de reforma constitucional que mantiene abierta la opción de que sentenciados en primera instancia por diversos delitos puedan participar como candidatos.

El año pasado, en la Comisión de Constitución, del Congreso disuelto, se había aprobado la prohibición, por delitos dolosos, para quien quisiera ocupar un cargo de ese tipo. Sin embargo, en el texto de Constitución, solo estarían impedidos de postular los que tienen sentencia en primera instancia por cuatro delitos específicos: terrorismo, apología de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y violación. 

Esto significa que podrán postular todos los que tienen sentencia en primera instancia por otros delitos como corrupción, homicidio, secuestro y otros delitos graves. “Están impedidos de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras, por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual, de acuerdo con los términos establecidos en la ley (artículo 34A)”, se lee en el documento. 

Según el análisis de proporcionalidad presentado en el predictamen, se reconoce que existen pocas posibilidades de que falle una condena errada. “Encuentra asidero en las posibilidades teóricas que brinda el modelo procesal penal actual, de que el sentenciado en primera instancia sea, efectivamente, culpable de los delitos que se le acusan. El derecho de los procesados a ser juzgados por un juez imparcial está garantizado por el sistema, reduciendo las posibilidades de una condena errada”, indica el predictamen. 

Sin embargo, también se resalta a la corrupción y baja credibilidad que posee el Poder Judicial ante la opinión pública, en relación al caso de “Los cuellos blancos”, dejando en evidencia también que existe la posibilidad de manipulación o corrupción de este poder del Estado. Bajo este ejemplo, se asegura que se pueden conseguir sentencias express. “Es una sombra que no desaparece ni puede ser dejada de lado a la hora de analizar una propuesta legislativa como la presente”, se lee. 

Este es el argumento que incluye el predictamen para de delimitar sus alcances a ciertos delitos de mucha gravedad, “una condición necesaria para equilibrar sus efectos” incluso se alerta que de lo contrario se justificarían “atropellos contra candidatos que podrían ver frustradas sus aspiraciones basados en la manipulación política de autoridades judiciales o en la tarifa que el soborno o la extorsión puedan fijar”. 

El nuevo predictamen de reforma constitucional del congresista de Alianza Para el Progreso (APP) Omar Chehade será debatido este martes en la Comisión de Constitución y tendría que pasar directamente al Pleno para su aprobación esta semana. Solo así tendría efectos para las elecciones del 2021. De aprobarse en los términos que plantea Chehade, los sentenciados por corrupción tendrán carta libre para postular. 

Tal como ocurrió en las últimas elecciones, cuando Humberto Acuña Peralta, su colega de Alianza Para el Progreso, fue sentenciado en primera instancia, en plena campaña electoral, por el delito de corrupción, por la entrega de una coima. A falta de una regulación, el hermano de César Acuña se mantuvo en carrera e incluso llegó a ser elegido congresista de la República.

Se veía venir

Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, recordó  a RPP Noticias que en las últimas elecciones congresales, cuando las instituciones electorales hicieron un chequeo de la información que presentaron los candidatos al postular, se obtuvo que “más del 6% de candidatos señaló en la última elección que tenían sentencias penales y de ese grupo, los delitos más frecuentes eran los delitos vinculados con la corrupción. Incluso hay varios casos de candidatos que habiendo teniendo sentencia o procesados eventualmente llegaron al parlamento”.

El año pasado a través de la plataforma Candidatos 2020, elaborada por la Presidencia del Consejo de Ministros, se pudo conocer que alrededor de 70 de los 3 056 aspirantes al Congreso, presentaban denuncias por corrupción. Ellos pertenecían a los partidos políticos Perú Patria Segura, Perú Libre, Perú, Vamos Perú, Alianza para el Progreso, Unión por el Perú, Podemos por el Progreso del Perú, Juntos por el Perú, Somos Perú, Fuerza Popular, Todos por el Perú, Avanza País, Solidaridad Nacional, Frente Amplio, Partido Popular Cristiano,Perú Nación, Acción Popular, Democracia Directa, Renacimiento Unido Nacional, Partido Aprista, Partido Morado, y Contigo. 

DATO

El Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) fue el único partido que no presentó a candidatos con procesos por corrupción; sin embargo, sí presentó en sus listas a un postulante con proceso penal por presunto tráfico ilícito de drogas.

(Foto de cabecera: Andina)

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