El exparlamentario Richard Arce denunció en sus redes sociales que el Congreso le depositó 5,200 soles en su cuenta personal pese a que ya no forma parte de ese poder del Estado desde la disolución del Legislativa, el pasado 30 de setiembre.  “Nunca recibí ninguna comunicación del Congreso sobre este depósito, inclusive recuerdo el día que me dan esta hoja de liquidación del 31/01/20, me informaron que era todo lo que nos correspondía. ¿Cuándo probaron ese acuerdo?”, señaló Arce

El acuerdo en mención es el 120-2019-2020 aprobado por la Mesa Directiva presidida por Pedro Olaechea para que parlamentarios que vieran interrumpidas sus funciones perciban bonificación especial. Al respecto, el comunicado precisa que esta bonficación se aplica a todos los legisladores electos en 2016 y es “proporcional a los meses completos laborados”. 

Tras hacerse pública esta situación, el Congreso de la República reconoció que en el último día de la gestión de Olaechea como titular de la Comisión Permanente se aprobó el pago de una bonificación económica para los exlegisladores electos el 2016. “La decisión que permitió el pago de una bonificación a los excongresistas que formaron parte del Parlamento disuelto proviene de un acuerdo de estricto cumplimiento firmado el 12 de marzo, último día de gestión del señor Pedro Olaechea como presidente de la Comisión Permanente”, difundió este sábado el Parlamento. 

“Según dicho acuerdo - que conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento del Congreso es de estricto cumplimiento - los congresistas que cesaron en sus funciones durante el periodo 2019 - 2020 y fueron electos el 2016 recibirán una gratificación proporcional a los meses completos laborados”, agrega el mensaje, el cual destaca que esta medida no guarda ninguna relación con la actual Mesa Directiva, la cual es presidida por Manuel Merino. 

“Cabe precisar que no fue iniciativa de la actual Mesa Directiva del Congreso de la República que se realicen dichos pagos a los exparlamentarios”, señala.

Pese al evidente deslinde de la actual gestión del Legislativo, Richard Arce enfatizó que Manuel Merino de Lama, actual presidente del Congreso de la República, también debe responder por dicho depósito a los 130 exparlamentarios, que fueron disueltos de sus cargos el pasado 30 de setiembre. En ese sentido, sostuvo que la nueva Mesa Directiva, que representa a la institución, debió haber revisado las actas de los acuerdo de la Comisión Permanente del anterior periodo legislativo y tomar medidas para que no se entregue este bono. 

“Acá cae también la responsabilidad del nuevo Congreso de la República, un acuerdo de Mesa Directiva se deroga con otro acuerdo de Mesa Directiva. Lo que tenía que haber hecho el señor Merino al asumir su cargo es revisar las actas de los acuerdos de la anterior Mesa Directiva”, declaró este domingo en Cuarto Poder.

Arce lamentó que este nuevo grupo de trabajo no haya revisado el hecho, así como otros acuerdo de la Comisión Permanente que no correspondían a las funciones de un Parlamento disuelto. Por ello cuestionó la falta de transparencia que toda institución estatal debe tener y pidió la intervención de la Contraloría General de la República para que revise los acuerdos del grupo parlamentario representativo anterior debido a que no solo aprobaron bonos, sino también nuevas contrataciones y hasta viajes al extranjero.

“Acá no va a deslindar responsabilidades el señor Merino, él tiene que responder y la Contraloría tiene que intervenir para revisar cada una de las tropelías que ha cometido Pedro Olaechea en compañía de la Mesa Directiva anterior”, mencionó.

Olaechea responde

El expresidente del Congreso, Pedro Olaechea, explicó que asignó esta bonificación debido a que no se había incluido en la liquidación que les correspondía. “Sobre el tema de las bonificaciones que viene circulando, es importante señalar que el monto indicado corresponde al pago proporcional de la bonificación de Navidad que en su oportunidad no se incluyó en la liquidación de los congresistas cesados como consecuencia de la disolución del Congreso”, escribió en sus redes sociales. 

El exlegislador señaló que ese pago se dio de acuerdo a ley, ya que los integrantes del Parlamento están sujetos a la renta de quinta categoría. “El Legislativo laboró hasta el 30 de setiembre de 2019. Recordemos que los congresistas están afectos a la 5ta Categoría y que los derechos laborales son irrenunciables. ¿Se piensa cambiar la legislación laboral? Sería importante que lo digan”, agregó.

En tanto, Karina Beteta, exmiembro de Fuerza Popular (bancada que apoyó la gestión de Olaechea desde su candidatura) defendió el pago que recibieron los integrantes del Parlamento disuelto, hecho denunciado por Richard Arce el pasado viernes 12 de junio. “No existe ningún bono por disolución ni por ningún otro concepto. Lo que ha hecho la Mesa Directiva es cumplir con lo que corresponde”, enfatizó la exlegisladora en diálogo con Cuarto Poder.

Por otro lado, tras conocerse la denuncia, Luis Roel Alva, pidió los a exlegisladores de Acción Popular devolver bono recibido tras disolución del Congreso. “Invito cordialmente a los exparlamentarios de mi partido (Acción Popular) a devolverlo. Estoy seguro que no estaban al tanto y corregirán el despropósito”, manifestó el actual legislador al calificar como “irregular” dicha asignación económica 

(Foto de cabecera: Andina)

Notas relacionadas: