Hermanos y madre de Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso, han contratado con el Estado por S/ 228, 831.00 desde el 2012, pese a estar impedidos de ello. El programa “Punto Final” reveló que Marco Antonio Merino, Elba Merino, y Elba de Lama, fueron contratistas entre el 2011 y el 2016, cuando el militante de Acción Popular era congresista de la República.
La ley de contrataciones del Estado establece los lineamientos que deben observar las entidades del sector público en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras que realicen. En ese sentido, es clara al prohibir que los familiares de los parlamentarios contraten con entidades públicas mientras desempeñen su labor parlamentaria.
Esto no fue impedimento para que la hermana del legislador, Elba Merino de Lama, contrate por S/ 63.500 por sus servicios como arquitecta al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), así como por la revisión de estudios técnicos para el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, el programa nacional de saneamiento rural y un contrato con la Municipalidad de Ramón Castilla. De esta forma, recibió el 2014 S/11.000; el 2015, S/ 31.000; y el 2016, S/ 21.500.
Por su parte, Elba Merino de Lama, madre del hoy titular del Legislativo, celebró contratos con INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil) en 2012, 2013 y 2014 por un monto total de S/37.200. De Lama de Merino alquiló un inmueble, ubicado en Tumbes, a INDECI para que funcione como oficina del organismo. Por el arrendamiento cobró 12 mil soles en 2012, 14 mil soles en 2013 y 11.200 soles en 2014; años que Manuel Merino se desempañaba como congresista.
En tanto, su hermano, Marco Antonio Merino, facturó con el Estado durante 2012, 2013 y 2015 un total de S/100.991, a través de la empresa de la cual es gerente general, “San Joaquín Servicios Múltiples”. La compañía fue contratista de la Municipalidad Provincial de Morropón por S/ 24.456 y de la Municipalidad Distrital de La Matanza por S/ 43.094, el año 2012; y por S/ 3.500 y S/ 21.310 a ambos municipios el 2014. Asimismo contrató con la Municipalidad de El Tallán por S/ 8.631 el 2015.
Adicionalmente, “Punto final” reportó que en febrero del 2020, un mes antes de que Merino asuma nuevamente como congresista y presidente del Parlamento, la empresa en la que su hermano es gerente recibió S/ 27.140 por servicios en el rubro construcción en la Municipalidad de Tambo Grande.
Merino responde
Al ser consultado respecto a las revelaciones del referido programa, el presidente del Congreso, Manuel Merino, rechazó que haya tenido alguna injerencia en beneficio de sus familiares a fin de que estos obtengan las referidas contrataciones. Sostuvo que, si bien había visado sobre estos impedimentos, no puede “hacer algo contra la vivencia independiente” de aquellos.“No puedo, de ninguna manera, especialmente porque somos 6 hermanos, hacer algo contra la vivencia independiente de mis hermanos. Esto ha sido investigado y archivado por el Ministerio Público”, señaló.
“Rechazo cualquier injerencia de querer beneficiar a mis familiares directos e indirectos. En este momento, ninguno de mis hermanos ha hecho contrataciones con el Estado”, agregó.
Manifestó que ellos no suscribieron nuevos contratos cuando él era legislador, sino que, básicamente, eran prórrogas de convenios establecidos con anterioridad, que fueron ampliándose. “Hay un pronunciamiento de la OSCE sobre este tema. Porque el contrato de mi señora madre viene de antes, del 2010, yo no era congresista, eso se ha prorrogado, eso está conforme a ley. En el caso de mi hermana, si bien contrata con el Estado desde el 2008. En este caso yo debo decir, que habría que preguntarle a ella si informó o no informó. Ella ha venido contratando antes”, indicó.
(Foto de cabecera: Andina)
Notas relacionadas:
Congreso otorga voto de confianza al gabinete de Vicente Zeballos
‘Richard Swing’ se reunió en Palacio de Gobierno con personas del entorno de Martín Vizcarra en 2018
Congreso insiste con presencia del gabinete “para mantener la majestad del Congreso”
Archivamiento de proyecto sobre deshacinamiento de penales genera responsabilidad internacional para Perú