Tendrá que definir el Tribunal Constitucional (TC). La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, anunció este viernes que el Gobierno iniciará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia, aprobada por insistencia en el Congreso de la República.
“Como lo advertimos en su momento, esta ley es indirectamente un subsidio a un grupo muy reducido de empresas que le va costar a todos los peruanos. Y nosotros, con mucha responsabilidad de salvaguardar el interés de todos los peruanos y el Perú, vamos a iniciar la demanda de inconstitucionalidad en los próximos días”, dijo Alva.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, criticó al Congreso por promulgar por insistencia la ley que suspende el cobro de peajes, cuando en la práctica el transporte de vehículos particulares e interprovincial está suspendido debido al aislamiento social obligatorio debido al coronavirus (COVID-19).
“La premisa es: al haber circulación, va a haber algún nivel de contacto y eso puede propiciar algún nivel de contagio. El transporte de vehículos particulares e interprovincial está limitado. ¿En qué contexto fáctico se aplicaría esta norma?”, se preguntó el primer ministro.
Tras señalar que el tema es “sumamente delicado”, Zeballos remarcó que la norma aprobada por el Congreso quebranta unilateralmente los términos contractuales de una concesión entre el Estado y el sector privado, y contraviene el artículo 62 de la Constitución. Otro punto advertido por el primer ministro fue que, de aplicarse esta norma, el Estado asumiría el mantenimiento de las vías y “eso provocaría otro costo, no se está midiendo las consecuencias, se está actuando con suma ligereza”.
“Esto puede motivar dos cosas: que como gobierno podamos ser denunciados ante un tribunal arbitral, en este caso el Ciadi, y obviamente con una fuerte reparación. Lo otro es que de aplicarse esta norma estaríamos renunciamiento al mantenimiento de las vías y tendría que ser asumido bajo costo del Gobierno Nacional”, resaltó.
“No se están midiendo las consecuencias, con la mayor consideración del Congreso, se está actuando con suma ligereza y aquí tenemos que tener una respuesta como Estado”, añadió el jefe del Gabinete Ministerial.
Como se recuerda, dicho texto había sido observado por el presidente Martín Vizcarra el pasado 29 de abril, advirtiendo las consecuencias que podría acarrear al Estado ante posibles arbitrajes. Sin embargo, el último jueves 7, el Pleno del Parlamento aprobó la referida norma con 102 votos a favor, 1 en contra y 25 abstenciones, a pesar que el Ejecutivo observó la autógrafa argumentando que iba "en contra de la seguridad jurídica y generaría el pago de altas indemnizaciones en favor de los concesionarios”.
Ante ello, el premier lamentó que el Legislativo no tomara en cuenta las observaciones del Ejecutivo a la autógrafa y a la explicación “clara" y "contundente” de los ministros de Transporte y Economía, Carlos Lozada y María Antonieta Alva, respectivamente, contra el proyecto de ley.
Durante la misma conferencia, Vicente Zeballos también cuestionó la aprobación en el Congreso de una norma sobre las declaraciones juradas de intereses de los legisladores. "No se puede generar ningún tipo de privilegios", señaló el primer ministro. Previamente, Vizcara dijo "espero que recapacite el Congreso sobre la decisión que ha tomado".
(Foto de cabecera: Andina)
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