Tal parece que este nuevo Congreso no quiere rendir cuentas. Este jueves, durante su primer pleno virtual, aprobó la propuesta de Acción Popular para modificar su reglamento interno y establecer que las declaraciones juradas de intereses de los parlamentarios pasen a estar bajo el control del Consejo Directivo y ya no ante la plataforma de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

La norma autoexcluye al Congreso de los alcances del decreto de urgencia dado por el presidente Martín Vizcarra en diciembre pasado, durante el interregno parlamentario. Tras un cuarto intermedio, aprobaron en primera votación la iniciativa con 94 votos a favor, 32 en contra y 1 abstención. Las bancadas que se opusieron a la norma fueron el Frepap, Frente Amplio y el Partido Morado. 

Asimismo, por 97 a favor, 17 en contra y 15 abstenciones la norma aprobada también fue exonerada de segunda votación y será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación en el diario oficial El Peruano.

El proyecto inicial establecía que el Consejo Directivo del Congreso debía establecer los plazos para presentar las declaraciones juradas de intereses, tanto por parte de los congresistas, así como los funcionarios y servidores de la institución. También se señalaba que dicho directiva deberá indicar al órgano parlamentario encargado de verificar el cumplimiento de esta obligación y su publicación. 

Finalmente, el texto sustitutorio aprobado establece que además de presentar la documentación ante el Consejo Directivo, las declaraciones juradas también serán presentadas ante la Contraloría General de la República. Sin embargo, esto último solo aplicará para los servidores parlamentarios, mas no para los congresistas.

Edgar Alarcón (Unión por el Perú), presidente de la Comisión de Fiscalización, sustentó el texto sustitutorio aprobado, alegando que el Congreso cuenta con la autonomía suficiente para manejar sus declaraciones juradas de intereses. “Las normativas permiten que el Congreso se autoregule”, manifestó tras indicar que lo propuesto por el decreto de urgencia no es aplicable al Poder Legislativo. 

“[Corresponde al Consejo Directivo] Disponer el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada de intereses de los congresistas de la República. Establecer además la relación de funcionarios del servicio parlamentario y la organización parlamentaria que deben formular dicha declaración ante la Contraloría General de la República, la cual se encargará de cautelarlas y publicarlas en su portal institucional de transparencia, en su calidad de organismo constitucionalmente autónomo de control”, dice el último texto sustitutorio presentado.

El autor de la propuesta, Ricardo Burga (Acción Popular, Lima), reiteró que el decreto de urgencia del Ejecutivo no respeta la separación de poderes. “En ningún momento busca dejar sin efecto (la obligatoriedad), al contrario, obliga a los congresistas a que presenten su declaración de intereses, pero no ante el Poder Ejecutivo sino a la Contraloría General de la República. Además, estoy solicitando entre las normas para que sean difundidas, custodiadas y publicadas en su portal de Transparencia”, declaró Burga a La República previo a la votación.

En la misma sesión el Parlamento aprobó por insistencia la ley que suspende el cobro de peajes en todas las rutas a nivel nacional durante el estado de emergencia por la propagación del COVID-19 en el país. También aceptó la renuncia de Mercedes Aráoz a la segunda vicepresidencia de la República

(Foto de cabecera: Congreso)

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