Lo ocurrido el último lunes en el penal Miguel Castro Castro, donde murieron nueve reos en un motín, vuelve a poner en evidencia la crisis que arrastra hace décadas el sistema penitenciario en el país, que se agrava debido al avance del Covid-19 en las cárceles peruanas, donde a la fecha 44 presos murieron (30 por el virus y 14 en motines) y siete agentes del INPE también perdieron la vida desde el inicio de la emergencia.
Según reportes oficiales, se han tomado muestras a 1.637 funcionarios de esta institución, de los cuales 213 dieron positivo. De este total, 16 están hospitalizados y cuatro de ellos en UCI). Por el lado de los presos, se han aplicado hasta ahora 1.435 pruebas en distintos establecimientos, de las cuales 645 dieron positivo. De ellos, 585 son atendidos en los centros penitenciarios y 32 están en unidades de cuidados intensivos (UCI) de hospitales.
En varios recintos penitenciarios prevalece una combinación de furia y miedo ante los congatios de Covid-19. En penales de Huancavelica e Ica también los internos se amotinaron el último lunes para exigir una mejora en el tratamiento sanitario ante el avance del virus. Los reos del penal Lurigancho también protestaron en los techos de los pabellones de la prisión para raclamar atención médica.
El Gobierno aprobó una norma para otorgar indultos humanitarios a los grupos de presos vulnerables al coronavirus que no hayan cometido delitos graves, con el fin de deshacinar las cárceles y atenuar el riesgo de contagios, pero a la fecha ningún sentenciado que cumpla con los requisitos ha sido excarcelado.
Al respecto, el jefe del gabinete, Vicente Zeballos, no pudo ocultar este martes las "circunstancias críticas" que atraviesan las 68 cárceles del país y adelantó, durante una sesión virtual con tres comisiones del Congreso, que se excarcelarán "entre 4 mil y 5 mil internos".
Las cárceles del país albergan a más de 95 mil internos distribuidos en 68 penales, pero capacidad de los penales es para poco más de 40 mil reos. Es decir, hay una sobrepoblación de 55 mil reos. "La receta para evitar los contagios no solo pasa por comprar mascarillas y hacer más pruebas, sino reducir los espacios de probables contagios en cárceles", sostiene en El Comercio el exministro del Interior y exjefe del INPE Wilfredo Pedraza.
"Le corresponde al Congreso dictar una norma para convertir la prisión preventiva en arresto domiciliario con excepción de delitos graves. Una vez que la administración esté en condiciones, los reos reingresarían y se haría una revisión caso por caso", apuntó por su lado el penalista Roberto Pereira,
En tanto, la fiscalía exigió al INPE que traslade a 59 detenidos que permanecen en la carceleta de la Av. Abancay. En el Perú, el 36% de internos en los penales aún no tiene sentencia. Por ello, la abogada Josefina Miró Quesada sostiene que ahora los jueces deben hallar otras alternativas a la privación de la libertad.
"Queda claro que el escenario es diferente, antes de la cuarentena había riesgo de fuga y obstaculización de los casos; ahora, si se quiere garantizar la presencia de una persona está la figura de la comparecencia o el arresto domiciliario, incluso la del grillete electrónico", dijo en Perú21.
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