La fiscalía anticorrupción intervino este lunes las oficinas de abastecimiento y de logística de la Región Policial Lima y de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), luego de las denuncias de corrupción en las compras en pleno estado de emergencia para que el personal de la institución afronte la lucha contra el Covid-19, que involucra a altos oficiales.

El escándalo de las presuntas sobrevaloraciones en la adquisición de productos de protección e higiene para los agentes policiales provocó la salida de Carlos Morán del Ministerio de Interior y el relevo y el pase al retiro del director de la Policía, José Luis Lavalle. El primero fue reemplazado por Gastón Rodríguez Limo y el otro por el general Max Iglesias Arévalo

La intervención en las citadas oficinas de la Policía estuvo a cargo de los fiscales Marco Huamán Muñoz y Mónica Silva Escudero, precisó El Comercio, al informar que en ambas sedes se incautaron documentos de los contratos que están bajo sospecha de corrupción y se revisaron las computadoras para detectar si es que el contenido de los archivos en esos equipos se modificaron. 

"No hay orden judicial por cuanto son documentos públicos. No hay orden de detención", indicó en el decano el fiscal Omar Tello, coordinador nacional de la fiscalía anticorrupción, al confirmar ambas diligencias.

La titular de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Mónica Silva, acudió el lunes, por segunda vez, a las oficinas de abastecimiento y economía de la Dirincri, en la avenida España, en el Cercado de Lima, para recabar muestras de los productos adquiridos que se encontraban en mal estado de conservación (mascarillas, guantes, entre otros). También incautó documentos que le permitan identificar qué compañías son las que fabricaron  o importaron los productos.

Además, la magistrada revisó los libros de ingreso y salida de mercadería durante el período de aislamiento social obligatorio, en vista de que existen incongruencias entre las guías de remisión y las órdenes de compra.

El viernes pasado, la misma fiscal Silva abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables en la compra de productos de bioseguridad y limpieza,  para la Dirincri, valorizados en S/1.4 millones, a tres empresas y cuatro personas naturales que cuentan con negocios.

Además de Lima, hay investigaciones abiertas en fiscalías de Arequipa, Ayacucho, Puno y Junín, también por las irregularidades detectadas en compras de equipos y alimentos para los efectivos que están la primera línea de lucha contra el avance del coronavirus en el Perú.

En la trama corrupta hay generales, comandantes y coroneles que son sindicados de "direccionar" contratos por un total de 25.5 millones soles a empresas con las que se confabularon bajo la modalidad de contratación directa, es decir sin que haya licitación.

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