Como advertimos este miércoles por la noche, el Gobierno peruano estaba evaluando permitir el servicio de envío de comida a domicilio en lo que resta de la emergencia sanitaria por el Covid-19. Finalmente, este jueves, en conferencia de prensa, el presidente Martín Vizcarra anunció que a partir del lunes 4 de mayo, se reiniciarán algunas actividades como la venta de alimentos por delivery.

En este rubro, se encuentran los repartidores de plataformas digitales como Glovo, Rappi, Uber Eats y otros. Anteriormente, la titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Sylvia Cáceres, señaló que su sector ha planteado "una serie de protocolos para proteger no solo a los consumidores, sino también a trabajadores". En declaraciones a ATV Noticias, adelantó que la elaboración de este protocolo estará a cargo del Ministerio de Salud (Minsa).

Además, la ministra reconoció que los trabajadores de esta actividad "ya venían siendo vulnerables desde antes que inicie la cuarentena".

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Para realizar su labor, los repartidores de estas plataformas usan sus propias motos y/o bicicletas, gastan en combustible y usan sus propios celulares para cumplir con las entregas. Los ingresos los obtienen a través de comisiones por pedidos. El argumento de las empresas digitales para no reconocer un vínculo laboral es que los aplicativos móviles solo serían herramientas que usan repartidores y comensales para que el servicio de entrega se haga efectivo. Es decir, se presentan como simples intermediarios.

Lo preocupante es que estos trabajadores no cuentan con protección social ni seguro de salud. Ante esta situación de precariedad, en el 2019, se presentaron dos propuestas legislativas para regular la labor de los repartidores. El exparlamentario Miguel Valdivia (Acción Popular) presentó el proyecto de ley 04144/2018-CR, que buscaba regular "la labor del trabajador por plataforma digital”. Por su parte, el excongresista Manuel Dammert (Nuevo Perú) presentó el proyecto de ley 4243 o “Ley del empleo digno que regula a los trabajadores de plataformas digitales".

Ambas propuestas buscaban que se cree un régimen especial para que se establezca una relación de dependencia entre la empresa digital y el trabajador. Proponían firmas de contratos formales, que los repartidores reciban al menos la remuneración básica (930 soles), que la empresa brinde beneficios como seguro social de salud y contra accidentes, y que se haga cargo y compense a usuarios y/o empleados en casos de pérdidas o robos.

Estas propuestas podrían ser recogidas ahora para garantizar protección social y seguro de salud a los repartidores, especialmente en un contexto de crisis económica y de emergencia sanitaria.


¿Cómo debería implementarse el delivery en plena emergencia sanitaria?

Desde el pasado 11 de marzo, el Perú se encuentra en emergencia sanitaria a nivel nacional. Según el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, esta medida se encuentra vigente hasta el próximo 9 de junio próximo (90 días calendario). 

El anuncio de Vizcarra, este jueves, es que el aislamiento social obligatorio o cuarentena se ampliará hasta el próximo 10 de mayo. Si se cumple con el anuncio de permitir el delivery desde el 4 de mayo, este servicio se estará realizando en plena emergencia sanitaria durante más de un mes.

Antes del anuncio, especialistas ya habían señalado la necesidad de protocolos precisos para cuidar la salud de repartidores y comensales. El médico Ernesto Gozzer, docente en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) dijo a Canal N que se debe garantizar que el personal esté capacitado para cumplir con las normas sanitarias. En ese sentido, resaltó que los repartidores son en su mayoría jóvenes con los que es más fácil "trabajar cambios de comportamiento".

En el mismo sentido, la abogada Katty Caballero, docente de Derecho en la UNMSM, dijo a LaMula.pe que el Estado debería establecer parámetros especiales para que se aseguren la seguridad y la salud de repartidores y comensales. "Se tiene que asegurar desde la manipulación de alimentos hasta la entrega. Todos deben contar con sus implementos de seguridad sanitaria", señaló. Sin embargo, debido a la informalidad laboral, surge un problema:

"¿Quién va a asumir ese costo? Las empresas dicen que los repartidores son autónomos. Repartidores de aplicativos como Glovo u otros no tienen un empleador formal", señaló.

Actualmente, los repartidores no cuentan con protección social, ya que no son empleados formales. Para Caballero, una posibilidad es que el Estado aproveche la oportunidad para formalizar este sector y otra es que al menos se establezca algún tipo de responsabilidad de las empresas digitales en caso ocurra algo que afecte la salud y la vida de los repartidores.

En Argentina, ante casos de accidentes que dejaron en la desprotección a repartidores de Glovo y Rappi, la justicia ordenó a estas empresas garantizar que los repartidores trabajen con medidas de seguridad y tengan seguro de salud.


Lo que ha ocurrido en otros países

En Colombia, con el objetivo de reforzar la seguridad sanitaria y evitar contagios por Covid-19, Rappi implementó en Medellín su piloto "Kiwibot", un servicio especial de entrega de pedidos. Los robots son controlados de manera remota y solo operan en trayectos cortos.“Estos son desinfectados antes y después de cada una de las órdenes y cuentan, además, con toda la tecnología para funcionar, de manera segura, dentro de las dinámicas de las ciudades”, indicó Rappi.

En la India ocurrió algo lamentable. Un repartidor de pizza dio positivo por Covid-19 y obligó a que 70 familias se queden en cuarentena preventiva, ya que recibieron comida de sus manos.


[Foto de portada: Andina]


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