Piden normas basadas en el diálogo social y el respeto a los derechos humanos. Estudiantes organizados en Grupos y Talleres de Derecho del Trabajo de Perú opinan que, en este contexto de crisis laboral y económica provocada por el Covid-19, las normas laborales deben garantizar un balance de intereses entre empleadores y trabajadores.

A propósito de la habilitación de la suspensión perfecta de labores como medida válida durante la cuarentena, los estudiantes de derecho laboral piden una adecuada fiscalización laboral en la verificación de la legalidad de las suspensiones que afectan a trabajadores.

Respecto al diálogo social, debemos señalar que el pasado 13 de abril, la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, dijo a Canal N que la suspensión perfecta de labores era una propuesta que iba a ser presentada en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), el espacio institucional para el diálogo social tripartito entre representantes del Estado, empresas y trabajadores. Sin embargo, a la mañana siguiente, se hizo el anuncio oficial de esta medida.

Hasta el momento, según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) actualizadas hasta el 20 de abril pasado, 84,345 trabajadores (ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cinco) han sido afectados por la suspensión. Al respecto, debemos precisar que estas medidas son de "verificación posterior".

De acuerdo al Decreto de Urgencia N° 038-2020, el empleador debe buscar mecanismos alternativos a esta medida, y si está afectado económicamente o se le hace imposible aplicar trabajo remoto, puede suspender a sus trabajadores. Posteriormente, debe comunicar esta medida al MTPE mediante declaración jurada virtual, los inspectores de Sunafil tienen 30 días hábiles para verificar la justificación documentada por la empresa y, finalmente, la Autoridad Administrativa de Trabajo tiene 7 días hábiles para emitir una resolución. En caso se venza este plazo, la suspensión queda aprobada en perjuicio de los trabajadores, ya que se aplica el silencio administrativo positivo.

En este sentido, debemos considerar que el Perú cuenta con solo 661 inspectores de trabajo a nivel nacional, lo cual podría ser un obstáculo para una adecuada fiscalización laboral, actividad que no ha sido considerada como "esencial" durante esta cuarentena por el Covid-19.


[Foto de portada: concepto.de]


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