A la sexta fue la vencida. El juez Thomas Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, en EEUU, concedió este jueves la libertad bajo fianza al expresidente Alejandro Toledo después de habérsela denegado dos veces, al considerar que las circunstancias cambiaron por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), que supone un riesgo para su salud.
En una audiencia extraordinaria celebrada por vía telefónica, el magistrado ordenó que Toledo sea puesto en libertad e inmediatamente confinado en su casa en el área de la bahía de San Francisco (donde rige además una orden de confinamiento obligatorio) con un sistema de vigilancia mediante GPS, informó un despacho de la agencia Efe.
En el recurso de libertad que presentó si defensa, Toledo mencionaba que "el condado de San Mateo (donde está el penal de Maguire donde está recluido) es uno de los epicentros de la pandemia". Según cifras oficiales, esa jurisdicción registraba 41 casos confirmados el lunes.
La defensa del exmandatario peruano también remarcó en el pedido la edad y en la salud de su patrocinado. "El Dr. Toledo tiene 74 años y sufre de hipertensión", dice el escrito que cita El Comercio. "Los lineamientos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades [de Estados Unidos] dicen que las personas de más de 60 y con problemas crónicos de salud, incluida la hipertensión, deben tomar inmediata acción preventiva", señalan los abogados del exmandatario.
En la víspera, la fiscal Elise LaPunzina, a cargo del caso, insistió en un escrito en el que rechaza "el sexto intento" de Alejandro Toledo de ser liberado bajo fianza, que el exmandatario acusado de corrupción por la justicia peruana no acredita ninguna de las dos causales que justificarían liberarlo. Según remarcó, salvo en lo referido al coronavirus, recurre a las mismas razones que ya fueron rechazadas hace una semana por el juez Vince Chhabria.
Toledo fue detenido en julio del año pasado en EEUU con fines de extradición, por un pedido de la justicia peruana que lo acusa de recibir millonarios sobornos de de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la licitación, durante su mandato, de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.
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