En medio de la controversia y las tensiones que se desataron por la demanda en  contra del Estado peruano para un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Odebrecht ratificó ante la fiscalía peruana  que realizó pagos ilícitos relacionados con el caso del Gasoducto Sur Peruano.

Esta reafirmación del acta de culpabilidad suscrita con el equipo especial se dio el viernes último, a través de una carta firmada por Ricardo Machado Weyll, quien es el representante legal de la constructora, según El Comercio, que precisa además que el fiscal Rafael Vela Barba, jefe del equipo especial Lava jato, ya se lo notificó a la procuraduría ad hoc, después del pedido de este despacho para reincorporar a Odebrecht y sus exejecutivos en las investigaciones del caso.

"Ni mi representada ni el grupo al que pertenece, le insisto, tienen intención de desconocer ninguno de los elementos de convicción ni revocar su aceptación de haber incurrido en conductas ilícitas reconocidas en el acuerdo de colaboración", se lee en el documento en mención, de acuerdo con el decano.

La carta subraya que "en particular se reconocerá la eficacia de las actas suscritas con fecha 12 de junio y 8 de julio del 2019", cuando la empresa Odebrecht admitió su responsabilidad en pagos realizados con dinero no contabilizado, de la llamada 'Caja 2', vinculados al gasoducto, cuyo contrato de concesión se anuló en el 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

"Asimismo, se reconocerán las declaraciones realizadas por el exrepresentante de la empresa en Perú, Sr. Jorge Henrique Simoes Barata, dentro de la ejecución del acuerdo de colaboración, en las ciudades de Sao Paulo y Curitiba, en agosto y diciembre del 2019 [...]".

Barata ya reveló las identidades de los 'codinomes' que habrían recibido los pagos ilícitos, como Miguel Ronceros Neciosup, abogado del estudio Delmar Ugarte que asesoró a Proinversión durante el proceso de licitación del proyecto gasífero, que se entregó a un consorcio integrador Odebrecht, la española Enegás y la peruana Graña y Montero durante el gobierno de Ollanta Humala.

El exdirector de Odebrecht en Perú también testificó sobre las reuniones que tuvo con la ex primera dama Nadine Heredia y otros exministros de Humala, que son investigados por el caso gasoducto. 

Por último, Ricardo Machado afirmó en su carta que Odebrecht no busca litigar con el Estado Peruano, en referencia a la solicitud de arbitraje presentada ante el CIADI. "Continuamos dispuestos a encontrar conjuntamente con las entidades competentes del Estado una solución que permita suspender en común acuerdo el proceso arbitral y avanzar en una agenda positiva para un posible acuerdo satisfactorio de todas las partes", señaló el representante legal.

El lunes, la procuradora Silvana Carrión le pidió a la fiscal Geovana Mori, que está a cargo del caso en el equipo Lava Jato, que incorpore tanto a Jorge Barata como a otros exejecutivos de Odebrecht, "una vez que verifique los alcances de la ratificación de responsabilidad en este caso". 

En alusión a la demanda ante el CIADI por el gasoducto, Carrión alegó que "el no reconocimiento de culpabilidad por parte de la empresa Odebrecht evidenciaría la no voluntad de colaboración con las autoridades peruanas".

"Si se verifica que la información de ellos [de la constructora y de sus exejecutivos] no me satisface, me corresponde comprenderlos en la investigación", dijo el lunes la fiscal Mori en Canal N.

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