El presidente del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, Víctor Zúñiga Urday, aprobó en su resolución el nuevo requerimiento de la fiscalía de prisión preventiva contra la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, pero determinó que sea por 15 meses y no 18 como solicitó el Ministerio Público.
Keiko Fujimori llegó a la sala casi al final de la audiencia, junto a su esposo, Mark Vito, cuando su suerte ya estaba echada. Poco después de escuchar el veredicto, la Policía la detuvo para ejecutar el mandato judicial que el magistrado consideró razonable y proporcional.
Presupuestos para la prisión preventiva
Precisamente, el magistrado subrayó que de acuerdo a los testimonios reseñados en su resolución permiten aseverar la existencia de sospecha grave que Fuerza Popular, a través de sus abogados, dispusieron que los supuestos aportantes no dijeran la verdad, lo cual constituye obstrucción de la justicia.
Por tanto, dijo que se cumple el primer presupuesto para dictar una prisión preventiva. "Existe sospecha grave de que los estudios (de abogados) Oré y Loza habrían orientado a falsos aportantes a evitar que presten su testimonio", refirió.
Sobre la prognosis de la pena, el juez Zúñiga señala que por la concurrencia de los delitos imputados a Keiko Fujimori le correspondería una pena de 15 años, con lo cual se cumple el segundo presupuesto para ordenar la prisión preventiva, que dice que la condena probable debe ser mayor a cuatro años de prisión.
"La conducta anterior de la imputada es evidencia de que el peligro (procesal y de fuga) existiría", subrayó Zúñiga, tras explicar que ante una prognosis de pena alta se pueden considerar la sospecha suficiente de fuga y la sospecha suficiente de obstaculización, de acuerdo al Acuerdo Plenario de Corte Suprema sobre la prisión preventiva.
En cuanto al peligro procesal, el juez sostiene que no solo hay el peligro abstracto sino también existiría un peligro concreto de fuga que tiene que ver con el arraigo laboral, que no existiría en este caso. Sobre el arraigo posesorio o domiciliario, el magistrado Zúñiga señala que no existe o por lo menos no es de calidad, ya que pese a sus ingresos, Keiko Fujimori no habría generado un arraigo de calidad, pues solo tiene un vehículo y no tiene casa propia.
Por tanto, el juez también indicó que se cumple el tercer presupuesto para imponer una prisión preventiva contra Keiko Fujimori, por lo que ordenó 15 meses y su ejecución inmediata.
Elementos de convicción
En la primera parte de la lectura de su resolución, el magistrado también sostuvo que el ingreso intercalado de dinero de Odebrecht y de empresarios peruanos (como Dionisio Romero, Vito Rodríguez, entre otros) a la campaña fujimorista evitaba que se identifique en cuál situación era de fuente lícita y en cuál no.
"Existe sospecha grave de que la investigada Keiko Fujimori habría conocido de los actos de transferencia de dinero de Odebrecht", señaló el juez Zúñiga durante la lectura de su resolución.
Al hacer el recuento de falsos aportantes de la campaña de Keiko Fujimori en el 2011, que la fiscalía logró identificar, el juez Zúñiga remarcó que las personas que "forman parte de las organizaciones políticas deben ser respetuosas de las leyes".
Además, los tres testimonios que cita el magistrado en su resolución, que tenían un papel dentro la organización política, coinciden en señalar que la jefa de Fuerza Popular "tenía participación en toda actividad del partido".
El titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria citó además el registro de dos llamadas realizadas en junio de 2010 entre Jaime Yoshiyama, quien era jefe de campaña de Keiko Fujimori, y un ejecutivo de Odebrecht. "KeikoFujimori habría intervenido en actos de transferencia o conversión de dinero ilícito de Odebrecht a Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular)", agregó.
"Hay sospecha grave de la comisión de actos de lavado de activos con una organización criminal en la que habría participado KeikoFujimori", subrayó el magistrado.
Así, en este punto, la resolución del juez Zúñiga habló de "elementos graves y fundados", lo que desbarata la defensa de Keiko Fujimori, que repitió en las 11 sesiones previas que la fiscalía solo había presentado "meras conjeturas".
En noviembre del año pasado, Keiko Fujimori recuperó su libertad luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anuló la prisión preventiva que cumplía desde poco más de un año (octubre de 2018), al declarar fundado un pedido de hábeas corpus que había presentado Sachi Fujimori, hermana de la investigada por haber recibido aportes ilícitos para financiar sus campañas electorales en 2011 y 2016.
Durante las audiencias, el fiscal Pérez presentó información y evidencias contra la jefa de Fuerza sobre los presuntos delitos de lavado de activos, de obstrucción a la justicia, organización criminal, fraude procesal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.
El magistrado del equipo Lava Jato mostró nuevos testimonios y documentación que probarían que existen elementos para que Keiko Fujimori sea encarcelada otra vez mientras dura el proceso en su contra.
Pérez Gómez entregó al juez el testimonio de Jorge Yoshiyama Sasaki, quien afirmó ante la fiscalía que Keiko Fujimori sabía de los aportes de Odebrecht y que incluso le pidió que consiga aportantes fantasmas para ocultar ese dinero.
El fiscal también leyó la declaración del empresario Dionisio Romero Paoletti, quien afirmó que dio US$3,65 millones en efectivo para la campaña fujimorista y reveló una lista de 53 falsos aportantes, ya identificados por su despacho, que prestaron sus nombres para las campañas del 2011 y el 2016.
Sobre los aportantes falsos identificados por la fiscalía, Giulliana Loza argumentó que esta información no tiene relevancia penal, sino aspectos de carácter administrativo. "No existe peligro de fuga ni de obstrucción. Requerir la prisión preventiva, y no otra medida, para la realización de las pericias, es indebido porque no requieren que Keiko esté presa", escribió la abogada en su cuenta de Twitter.
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