La situación legal del actual presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, que conversaciones con los exconsejeros Julio Gutiérrez e Iván Noguera, quienes son sindicados como integrantes de 'Los cuellos blancos del puerto, se ha complicado, al punto que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, anunció el viernes que se abrió una investigación preliminar en su contra.

Pero para que esa pesquisa inicial de 60 días llegue a buen puerto, se necesita la autorización del Congreso, que este 26 de enero recién se elegirá, luego de que el 30 de setiembre pasado fue disuelto constitucionalmente por el presidente Martín Vizcarra, precisó El Comercio, al señalar que Lecaros, por su condición de juez de la Corte Suprema, tiene inmunidad.

Es decir, la fiscal Ávalos, para poder comenzar una investigación preparatoria y una eventual acusación contra Lecaros, debe solicitar al Parlamento la realización de un antejuicio político al titular de Poder Judicial. El primer filtro es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se definirá si hay elementos para formular una acusación constitucional, y de ser así, la decisión debe ser refrendada aún en el Pleno del Poder Legislativo.

Solo así la Fiscalía de la Nación podrá investigar plenamente al presidente del Poder Judicial, procedimiento que puede tomar al menos un año, de acuerdo con el penalista Carlos Caro. Incluso Lecaros se mantendría en el cargo mientras dure el proceso, a menos que se apruebe una medida cautelar, apunta el exprocurador anticorrupción Iván Meini.

Ávalos le imputa a Lecaros una presunta omisión de denuncia, delito contemplado en el artículo 407 del Código Penal, y que se sanciona con una pena de hasta 4 años de cárcel, al considerar que el vocal supremo tenía la obligación de denunciar por presunto tráfico de influencias a los exconsejeros Pebe y Noguera, luego de que estos le pidieran favores.

Lecaros alega que no accedió a los pedidos, y que no recibió contraprestación algunas de los exconsejeros, por lo que no se configura un delito de tráfico de influencias. "Recomendar no es delito", apuntó el magistrado en Canal N.

Al respecto, el penalista Caro también considera que no se habría configurado un delito de omisión de denuncia, ya no se conoció de una posible contraprestación, un requisito para hablar de tráfico de influencias, pero podría tratarse de una falta ética. "El que te llame un consejero para pedirte una recomendación, aunque no sea un delito, es una infracción ética", refirió el abogado.

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