Desde este miércoles 15, Lamsac bajó a 5.20 soles la tarifa del peaje de la Línea Amarilla, en cumplimiento al fallo judicial que ordena a la empresa una reducción de 50 céntimos en todas las garitas que comprenden esa concesión, pese a que inicialmente había dejado entrever lo contrario.

El veredicto del juez Jorge Chávez Tamariz también ordena que Lamsac deje de aplicar la fórmula de reajuste del peaje considerando solo el 100 % del índice del precio al consumidor (IPC).  

La decisión judicial se da en el marco del proceso penal a Domingo Arzubialde, exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, en la gestión de Susana Villarán, sentenciado a cuatro años de pena privativa de libertad por haber favorecido a Lamsac en el aumento indebido del peaje.

Ahora, el reajuste de la tarifa deberá considerar el 50 % del IPC y el 50 % del tipo de cambio del dólar, conforme a lo establecido en el contrato de concesión firmado el 12 de noviembre del 2009, destacó el Ministerio de Justicia.

El magistrado Chávez Tamariz incluso dispuso que si la concesionaria desacata el mandato judicial, se comunique al Ministerio Público para que toma las acciones legales que corresponden al delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

Lamsac anunció que apelará a resolución. "Medidas como esta, y otras recientes, atentan en contra de la inversión de buena fe de una empresa privada que llegó al perú a finales de 2016, sin tener vinculación alguna con empresas brasileñas que aplicaron malas prácticas", apuntó en un comunicado. 

El procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, además dijo que podría haber una nueva reducción en la tarifa de los peajes a cargo de Lamsac, porque aún están pendientes acciones judiciales  en ese sentido.

"En el ámbito de este proceso (no se pudo reducir más de 50 céntimos), pero hay otras investigaciones y procesos sobre los que, por reserva, no me puedo pronunciar. Pero el Ministerio Público estaría facultado de tomar este tipo de medidas", comentó el abogado del Estado.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre el fallo judicial, al destacar que la medida favorece a la ciudadanía.

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