La concesionaria Lamsac anunció que apelarán a la decisión del Poder Judicial que ordena a la reducción de la tarifa en los peajes. Sin embargo, aseguró en un comunicado que desde las 00:00 horas del miércoles 15 de enero aplicará la reducción a la tarifa del peaje en todas sus garitas. 

“Procederemos a aplicar la reducción tarifaria a S/5,20 en todas nuestras plazas de peaje desde mañana 15 de enero a las 00:00”, señaló la compañía en un comunicado, en el que mostró su disconformidad con el mandato.

“Sin perjuicio de otras acciones legales que podríamos adoptar para preservar nuestros derechos como inversionistas, presentaremos la apelación respectiva”, añadió Lamsac. 

Para la empresa, dicha disposición violenta una orden previa del Tribunal Arbitral ya que, en el marco del proceso arbitral que mantiene con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), los árbitros emitieron una medida cautelar que establecía que mientras no concluyera dicho proceso, la tarifa de peaje que se debe cobrar es de S/5,70. 

“Es preocupante que el Estado peruano desconozca una decisión válidamente emitida en un proceso arbitral, al declarar fundada la solicitud de la Procuraduría Ad Hoc”, indicó. Actualmente, la controversia se viene discutiendo en un arbitraje internacional y la decisión final del tribunal arbitral deberá emitirse en marzo próximo.

Destacaron, en ese sentido, que la fórmula de reajuste anual de la tarifa de peaje forma parte del contrato de concesión y cualquier controversia sobre el particular debe resolverse a través de un arbitraje internacional. “Desconocer una medida cautelar de un Tribunal Arbitral competente es como desconocer una sentencia de un juez, y genera responsabilidad en el Estado Peruano, la Municipalidad de Lima y aquellos funcionarios que la incumplan”, manifestaron.

Por otro lado, la concesionaria rechazó cualquier acto de corrupción y destacaron que Lamsac no ha sido condenada en ningún proceso judicial por la comisión de delito de corrupción alguno. “Nos llama la atención que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos haya señalado en su comunicación que la medida adoptada tendría que ver con la comisión de supuestos actos de corrupción”, indicó. 

“Medidas como esta, y otras recientes, atentan en contra de la inversión de buena fe de una empresa privada que llegó al perú a finales de 2016, sin tener vinculación alguna con empresas brasileñas que aplicaron malas prácticas”, concluyó Lamsac.

(Foto de cabecera: La República)

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