El pleno del Tribunal Constitucional (TC) inició este martes el debate público de la demanda competencial que presentó Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente, contra la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver del Congreso. Durante la audiencia, el magistrado Manuel Miranda anunció que apoyara la ponencia de Carlos Ramos que busca declarar infundado dicho recurso y, por tanto, resolver que la medida fue constitucional. 

“Apoyaré la ponencia con un fundamento de voto”, indicó durante la audiencia pública del pleno del TC.

Para que proceda el texto presentado por Ramos se requiere que esa posición obtenga cuatro votos. Según fuentes consultadas por El Comercio, el documento cuenta con el respaldo asegurado de la presidenta del TC, Marianella Ledesma, y del magistrado Eloy Espinosa-Saldaña. Si bien Miranda señaló que apoyará esta ponencia, también comentó que planteará fundamentos en su voto sobre puntos concretos con los cuales discrepa. 

“Como se señaló en la sentencia [...] sobre la cuestión de confianza, la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requieran”, recordó Miranda.

El magistrado consideró que el Ejecutivo sí puede presentar una cuestión de confianza sobre el procedimiento para elegir a integrantes del TC; sin embargo, señaló que sus fundamentos caen en algunos “excesos”. En ese sentido, afirmó  que deben proceder con “prudencia” en su interpretación sobre la posibilidad de que el Gobierno pueda considerar rechazada una cuestión de confianza de manera “fáctica”.

“Ciertamente el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo pretendía dotar de mayor transparencia de elección de los magistrados del TC. No obstante, no nos corresponde en esta sentencia opinar si la modalidad ordinaria de elección es mejor que la modalidad por invitación, ni mucho menos sugerir un mecanismo combinado como se hace”, aseguró. 

“Debemos evitar una interpretación que fomente actitudes abusivas por parte del Poder Ejecutivo. De otro lado, también tenemos que tomar en cuenta que una postura en exceso formal que solo admita una denegación de una cuestión de confianza de manera expresa abrirá la posibilidad de que el Congreso se evite el peligro de ser disuelto sin aceptar en los hechos el pedido del Poder Ejecutivo, lo que desnaturalizaría la cuestión de confianza”, añadió el magistrado, quien aseguró que la posición que tome el TC no agota el debate sobre la regulación de las cuestiones de confianza.

En tanto, el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña aseguró en su intervención que en ningún momento se le quitó al Congreso disuelto la facultad de elegir al Tribunal Constitucional. "Seamos claros, nadie le quitó ni le buscó quitar al Congreso la posibilidad de elegir magistrados del Tribunal Constitucional", sostuvo.

Como segundo punto, dijo que no se puede asumir una cuestión de confianza "tácita". Rescata un voto de Ernesto Blume, en otro caso, que plantea ir más allá de situaciones reglamentarias si la Constitución le da ese margen. Indicó también que si se aprueba la confianza, pero en la practica se rechaza dicho pedido, entonces se estaría frente a un "fraude a la Constitución".

Espinosa también coincide en que para firmar una resolución de disolución del Congreso, no hace falta que lo firmen todos los ministros. "Basta con que lo firme un ministro. No lo dice la Constitución", alegó.

Ledesma también anunció su voto a favor de rechazar la demanda. "Al haberse negado una confianza por segunda vez resultaba legitima la disolución del Congreso. Por tanto, mi voto será por que se declare infundada la demanda", adelantó.

No apoyan la ponencia

El expresidente del TC dijo que la "denegatoria fáctica" es una figura "inventada".   Agregó que no cabe una vuelta atrás, en lo que se refiere a la decisión de retornar al Parlamento anterior y que apoyaba la convocatoria a elecciones congresales a realizarse el próximo 26 de enero, posición que generó consenso entre todos los magistrados. 

Finalmente, Blume propuso declarar que ningún poder del Estado pueda interpretar que se negó la confianza fácticamente a un pedido del Ejecutivo; y que no cabe pedir la cuestión de confianza por temas que no están dentro de sus atribuciones. En ese sentido, pidió adoptar una decisión unánime, y que se debe reflexionar más sobre este debate. 

(Foto de cabecera: Captura)

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