La muerte de los dos jóvenes trabajadores de McDonald's ha abierto el debate sobre los derechos laborales en Perú. Este hecho no es aislado: según cifras oficiales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), hasta octubre pasado, 194 trabajadores habían muerto mientras realizaban sus labores.

En este sentido, se ha criticado la labor de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), pero debemos señalar que su número de inspectores resulta insuficiente: con el ingreso de nuevos inspectores anunciado el pasado 18 de diciembre, solo llegan a 661 inspectores activos a nivel nacional. Según el sindicato de Sunafil, se necesitarían al menos 2 000 inspectores para poder realizar su labor de fiscalización de manera óptima.

Sin embargo, ¿solo la fiscalización es la solución? La Comunidad Sanmarquina de Estudios Sociolaborales (Cosades) señala algo más importante y que en Perú lamentablemente no se cumple debido a políticas públicas que no la promueven. En un pronunciamiento, esta organización resaltó que "es cierto que la fiscalización laboral no puede estar permanentemente presente en las miles de empresas que operan en nuestro país".

"Por ello es necesario que cada empresa cuente con organismos internos y permanentemente dedicados a la conservación de la seguridad y protección de los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras. Estos organismos se llaman sindicatos y comités de seguridad y salud en el trabajo".

Si tomamos solo el caso de McDonald's, tenemos que la empresa Operaciones Arcos Dorados Perú SA tiene aproximadamente 1 700 trabajadores registrados en planilla a nivel nacional, pero no cuenta con ningún sindicato.

Para Cosades, el accidente mortal de los jóvenes trabajadores de McDonald's interpela la estructura socio laboral sobre la cual se asienta nuestra sociedad, especialmente a políticas que se vienen implementando desde el sector trabajo,

"... a la práctica empresarial generalizada de evitar la formación de sindicatos, a la legislación laboral que somete a los trabajadores a niveles excesivos de subordinación siempre que incrementen porcentajes de "formalidad" y al abuso de la contratación temporal que invisibiliza a los trabajaores".

Cosades señala que el MTPE se ha dedicado atacar la informalidad laboral, en base a cifras que se muestran como positivas, pero ha dejado de lado los temas de seguridad y salud en el trabajo y los derechos fundamentales.



[Foto de portada: Andina]


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