Graña y Montero (GyM) ya presentó una demanda de arbitraje en contra del Estado peruano ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), en busca de que se le indemnice por la anulación del contrato del Gasoducto Sur Peruano, en enero del 2017, proyecto que se le adjudicó junto a su socia y consorciada Odebrecht, en un proceso que estuvo marcado por sospechas de corrupción, y en el que hace poco la constructora brasileña admitió el pago de sobornos, según la fiscalía.
La solicitud ante el CIADI, institución del Banco Mundial con sede en Washington, ya le fue notificada al Ministerio de Energía y Minas y al Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas, para que presenten sus descargos, informaron fuentes que cita La República.
Ahora, la secretaria general del CIADI debe definir si admite a trámite la solicitud de arbitraje de la constructora peruana y se da inicio al proceso en el que GyM cifra en 300 millones de dólares sus pérdidas económicas.
Graña y Montero fue parte del consorcio que, en febrero del 2013, se adjudicó la construcción del Gasoducto Sur Peruano, junto Odebrecht y la española Enagás. Esta última fue la primera que, a mediados del 2017, solicitó un arbitraje ante el CIADI, al estimar en US$ 1.980 millones el perjuicio ocasionado por la resolución del contrato.
En el caso de la demanda de Enagás, esta ya fue admitida a trámite y nombró como árbitros a Diego P. Fernández-Arroyo (argentino y español), presidente, designado por acuerdo de las partes; Andrés Jana Linetzky (chileno), nombrado por Enagas; y Claus von Wobeser (mexicano-alemán), nombrado por el Perú.
El 24 de enero del 2017, el gobierno en ese entonces de Pedro Pablo Kuczynski decidió anular el contrato adjudicado por en la gestión del expresidente Ollanta Humala por la incapacidad del consorcio de obtener los fondos necesarios para financiar la construcción del proyecto, tras el escándalo generado por la revelación de Odebrecht de pago de sobornos para acceder a obras públicas en los países en los que operaba.
La postura de la fiscalía en este caso —en el sentido de que Odebrecht admitió coimas— le permitiría al Estado peruano argumentar que rescindió el contrato de concesión del Gasoducto Sur por un caso de corrupción, como estaba estipulado en el contrato.
Por su lado, Enagás y Graña y Montero alegan que no sabían de los tratos ilícitos que habría realizado Odebrecht para adjudicarse la obra y en eso sustentan su reclamo para que la controversia se resuelva por arbitraje.
En tanto, Odebrecht, sometida a un proceso de colaboración eficaz y aceptó pagar una millonaria reparación civil por sus actos ilícitos, no define si también acudirá al CIADI, como lo han hechos sus otras exsocias.
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