El pasado 30 de octubre, el Estado peruano, a través del Consejo de Minería, ratificó la licencia que le otorgó a Southern Copper para que construya la mina Tía María en la provincia de Islay, Arequipa.
Sin embargo, luego el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, afirmó que el gobierno de Martín Vizcarra no iba a imponer el proyecto minero en el Valle de Tambo. Anunció también que un equipo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) iba a realizar "una supervisión documentaria in-situ para evaluar las condiciones de viabilidad".
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¿Qué labor realizará el Oefa en Islay? Una de las funciones de este organismo estatal es la de evaluar y comprende "acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares para prevenir impactos ambientales y determinar presuntas responsabilidades en caso se detecten incumplimientos a la normativa ambiental".
Además, debemos señalar que cuando Southern presentó el segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el 2013, la institución encargada de aprobar este estudio era aún el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y no el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones sostenibles (Senace), que asumió funciones en diciembre del 2015. Con el otorgamiento de la licencia de construcción de Tía María, la empresa ya no tuvo que elaborar un tercer EIA, que sí habría sido evaluado por el Senace. La vigencia del estudio se vencía el 31 de julio pasado y la licencia fue otorgada el 9 de julio.
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Consultada por Canal N, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, respondió sobre la labor del Oefa en la zona del proyecto Tía María.
"Oefa no está revisando el EIA (Estudio de Impacto Ambiental), estamos entendiendo el tema de revisión como que coge el estudio y ve si algo está mal. Oefa va al campo y con el estudio en la mano ve si las evaluaciones se están cumpliendo o no. Oefa fiscaliza el cumplimiento del instrumento de gestión ambiental. Hay cosas que se han hecho, campamentos, vías de acceso y otras actividades de exploración", dijo la ministra el último domingo.
En este sentido, debemos señalar que la preocupación de los agricultores del Valle de Tambo es que la explotación minera a tajo abierto contamine sus campos de cultivo. Al respecto, la ministra del Ambiente afirmó que "hay problemas sociales basados en los temores de la población".
"Si a la gente todavía no le queda claro, entonces hay que seguir informando, transparentando, insistiendo", afirmó la ministra.
"La empresa tiene la responsabilidad que la población conozca de cabo a rabo los instrumentos de gestión ambiental y el Estado tiene que ayudar en ese proceso de información", agregó.
Ante la desconfianza de la población, la ministra del Ambiente dejó abierta la posibilidad de que Southern Copper pueda modificar su EIA.
“La empresa podría hacer una modificación de su estudio [de impacto] ambiental escuchando la preocupación de la gente. Espero que la empresa tenga la sabiduría para entender, y creo que sí lo ha hecho porque ha sacado un comunicado diciendo que no va a empezar hasta que no haya las condiciones sociales”, afirmó.
“Toda empresa puede hacer modificaciones a su estudio de impacto ambiental y si en este caso se identifican cosas […] sería una de las salidas más inteligentes e importantes que creo que podrían hacer”, agregó.
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Según la ministra Muñoz, un sector de los ciudadanos de Islay tendría el temor de que la construcción de la mina se haya iniciado. Esto ya ha sido descartado por el Oefa. En una nota de prensa difundida el último fin de semana, el organismo informó que Southern Copper no ha iniciado operaciones de construcción.
Los fiscalizadores verificaron también el área donde se ejecutaría el tajo La Tapada, en la que se observaron plataformas con dados de concreto correspondientes a la etapa de exploración. Otra zona visitada fue la de Pampa Cachendo, donde se encuentran dos garitas de control, un campamento, zona de almacenamiento de residuos y tanques de efluentes domésticos. Todos estos componentes están relacionadas con la etapa de exploración, precisaron.
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El proyecto minero Tía María es un proyecto de cobre ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa. Por este proyecto, hay protestas desde hace casi diez años. En el 2010 y 2011, los agricultores del Valle de Tambo protestaron porque se iba a usar agua del río Tambo para la actividad extractiva. Luego de las observaciones que realizó la UNOPS, el Estado peruano ordenó a Southern Copper elaborar otro EIA. El nuevo estudio descartó usar el agua de río y propuso usar agua de mar. A pesar de ello, las protestas continuaron en el 2014 y 2015, ya que los ciudadanos también desconfían de la empresa debido a su historial de infracciones en el país. Hasta el momento, ocho personas han perdido la vida en medio de protestas contra este proyecto minero.
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