A estas alturas, luego de más de tres años de iniciada la investigación contra los árbitros que beneficiaron a Odebrecht en laudos arbitrales, no queda casi duda de que todas las demandas judiciales emprendidas por la constructora brasileña estaban amañadas previo a su inicio. Para tener el control total de los resultados de los procesos contra entidades del Estado peruano, Odebrecht realizaba dos acciones trascendentales, según explica la disposición fiscal con la que se solicitó prisión preventiva para 16 ex árbitros.

El primero fue colocar al abogado Celso Gamarra Roig como Director General de Concesiones del MTC, previa coordinación entre Eleuberto Martorelli, entonces director de obra de la compañía y el viceministro de Transporte del MTC, Alejandro Chang Chiang, en noviembre del 2011. El segundo paso fue que Jorge Henrique Simoes Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, y Raymundo Trindade Serra, exdirector de relaciones de la empresa, integren el consejo directivo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), del que Barata fue director en tres periodos (2008-2009, 2011-2012 y 2012-2013).

“El nombramiento, según lo pactado con Martorelli, habría sido con la condición de que Gamarra solucione el problema de evitamiento Tarapoto y apoye en la captura de nuevos proyectos o agilizar las gestiones y trámites de Odebrecht, dentro del sector transportes a favor de la empresa”, se lee en el documento presentado por el fiscal Germán Juárez Atoche en el que solicita 36 meses de prisión preventiva contra los árbitros implicados.

Prueba de que la empresas brasileras hicieron de la Carretera Interoceánica (IIRSA) su mina de oro, es que de los 26 laudos que maneja la fiscalía, 23 fueron demandas arbitrales presentadas contra el MTC en relación a los proyectos IIRSA Norte, IIRSA Sur tramo 2, IIRSA Sur tramo 3. En junio de este año, IDL-Reporteros reveló que Horacio Cánepa, quien repartía las coimas entre lo demás árbitros, participó como árbitro de Odebrecht en 13 controversias, de las cuales 10 resultaron favorables para la compañía.

A través de escuchas telefónicas y colaboraciones eficaces de los directivos de la constructora y los propios árbitros, la fiscalía pudo comprobar que Cánepa acordó con Sergio Nogueira Panicali (responsable de la IIRSA Sur hasta el 2011) la entrega de US$ 50 mil por ser asesor de cada uno de esos casos y el pago variable de un bono de éxito o soborno. Para ello lo puso en contacto con el funcionario peruano Fernando Olivera Oblitas, líder del "equipo técnico de Odebrecht", con quien establecieron que se le pague el 1% por los laudos favorables. Estos sobornos tuvieron dos condiciones: que los laudos sean pagados por el MTC y que no incluya el IGV. Los mencionados pagos se materializaron bajo coordinación de Ronny Loor Campoverde, director de obra de la IIRSA Sur y Norte.

El abogado Emilio Cassino Ramón, hijo del árbitro Emilio Cassino Rivas -quien participó en tres laudos arbitrales en la IIRSA Sur- fue recomendado por Cánepa para la elaboración de las demandas contra el MTC ante la CCL. Sin embargo, Olivera Oblitas le comunicó que Odebrecht no podía pagar de otra manera que no fuera con una factura de un estudio de abogados. Es así que Cassina Ramón no podía seguir emitiendo este documento -bajo influencia de Cánepa-, y menos aún ante la eventual designación de su padre en algún tribunal arbitral. Para superar este inconveniente, Cánepa, junto a su amigo Juan de Dios Zorrilla Quintana, creó el estudio jurídico peruano Jure Et De Jure Abogados E.I.R.L, por el que recibió un total de US$ 1 millón 192 mil por el 1% de los laudos arbitrales, a través de contratos ficticios. El dinero era retirado por Cánepa o por un tercero del Banbif, para su posterior distribución en efectivo.

Debido a las sospechas que estas transferencias podían despertar en el sistema financiero, en 2012, Ronny Loor le señaló a Cánepa que el pago del 1% no podía seguir depositándose en el Perú sino en una cuenta de un banco en el exterior. Posteriormente, según señala la disposición del fiscal Juárez, ambos se reunieron en el sede principal de Odebrecht en Lima, donde le presentó a un ejecutivo de la Banca Privada de Andorra -BPA, de nombre Francisco Javier Pérez. Él se encargó de abrir una cuenta a nombre de una empresa que la misma empresa brasileña constituyó en Panamá, llamada Maxcrane Finance SA. Para los pagos a Cánepa, Odebrecht utilizó su offshore AEON Group, a través de la cual se le llegó a depositar un monto total de US$ 1 millón 442 mil en sobornos.

Mientras tanto el mecanismo para los otros árbitros que conformaban el tribunal con Cánepa en los 10 casos, continuo siendo coordinado por Loor con él para que se encargue de cobrar y distribuir los “incentivos” o “bonos de éxito” y que los manejara de forma discrecional, a fin de que los laudos resulten a su favor, en lo posible, “por unanimidad”. “Es más, la instrucción que le habría dado Ronny Loor a Cánepa es que si en algún momento tenía algún problema o dificultad con el voto de algún árbitro que no tenga problema de sobornarlos y darle a los árbitros lo que él quisiera o un bono de éxito o soborno por cada caso en particular; además le habría indicado que las reclamaciones venían de adendas del contrato”, indica la disposición fiscal.

Es así que, en las controversias arbitrales que tuvo la concesionaria IIRSA Sur tramo 2 y 3 con el MTC, Cánepa se ocupó de entregar “los bonos éxito” a los árbitros Randol Campos Flores, Luis Felipe Pardo Narváez, Luis Fernando Pebe Romero, Richard James Martín Tirado, Weyden García Rojas y Emilio Cassino Rivas. Incluso se le llegó a pagar un incentivo de US$ 40 mil al procurador público del MTC, Jaime Vales Carrillo, para que no presente recursos de nulidad en los procesos arbitrales, ni una acción obstruccionista en el trámite y ejerza una defensa deficiente del MTC. Además de designar árbitros cercanos a Cánepa. Vales Carrillo era muy cercano al árbitro Campos Flores, a quien nombró en varias ocasiones en los casos relacionados a Odebrecht.

Operación Gamarra Roig

El Ministerio Público maneja información en relación al interés que tenía Odebrecht en cobrar por un mantenimiento por el Tramo Planchón Mávila Iberia en Madre de Dios, correspondiente al tramo 3 de IIRSA Sur. Este pago ya tenía la aprobación y conformidad de Ositran, gracias a Juan Carlos Zevallos -conocido dentro de la empresa brasileña como “Almohadita”-; sin embargo, había sido observado por Provias Nacional. La constructora buscaba el inicio de otro laudo arbitral que resulte desfavorable para el MTC. Para tales fines, Ronny Loor le ofreció a a Celso Gamarra Roig US$ 200 mil, pagados a través de la BPA; si lograba evitar dicho arbitraje y aceleraba el pago a favor de Odebrecht por un monto de $ 22’105,755.74. Gamarra concretó el pago con el acuerdo de acta de trato directo, el cual fue remitido en abril del 2013 por Gamarra a Provias Nacional para que se haga efectivo el depósito favor de Odebrecht

Celso Gamarra Roig también fue convocado en un caso relacionado a una controversia arbitral ente IIRSA Norte versus el MTC. En abril del 2012, antes de iniciarse el trato directo, el viceministro de Transportes, Alejandro Chang Chiang, lo convocó junto al procurador público adjunto Alan Alarcón Canchari. El objetivo del encuentro era presentar al abogado Fernando Cantuarias Salaverry como árbitro del MTC. Posteriormente, Gamarra Roig se reunió con Cantuarias, Cánepa (árbitro designado por Odebrecht), Alarcón Canchari y Gibrán Loor Campoverde, Director de contrato de IIRSA Norte recomendado por su hermano Ronny.

La intención era exponer que se someta a un arbitraje por el proyecto Evitamiento de Tarapoto, al señalar que recaería en el monto de los gastos generales reclamados por Odebrecht. Luego todos convocaron a Franz Kundmüller Caminiti (presidente del tribunal) para informarle que la compañía no deseaba paralizar la obra sino someterla a un arbitraje arreglado. Según la disposición fiscal, a fin de asegurar la emisión del laudo parcial y laudo final, Gibran Loor le ofreció a Cánepa un soborno US$ 110 mil por cada uno de los laudos. Además se acordó un soborno de S/ 288,888.64 para cada uno de los árbitros. “Inclusive, Kundmüller le habría dicho a Cánepa por recibir estos honorarios elevados o sobornos indirectos lo siguiente: estos casos son lindos no hay casi nada de trabajo porque están de acuerdo las partes y el honorarios es buenísimo. Si tienes otros así, avísame”, se lee en documento del fiscal Juárez.

Luego de finalizada esta controversia arbitral, entre octubre y noviembre del 2013, Girán Loor le entregó un “bono de éxito” de US$ 100 mil. Asimismo, Gamarra Roig y Ronny Loor acordaron que en los posteriores arbitrajes que se generen iban a pactar en las actas un trato directo que se adopte la modalidad de un arbitraje ad hoc, ya que de esta manera Odebrecht y el MTC podrían seleccionar directamente a su árbitros obviando a los de la nómina de la CCL.

“Como jode Abanto”

Durante un proceso por la concesionaria IIRSA Norte, el tribunal conformado por los investigados Ramiro Rivera Reyes (presidente), Humberto Abanto Verástegui (designado por Odebrecht) y Alejandro Álvarez Pedroza (designado por el MTC) declaró fundada la demanda contra el MTC por la suma de US$ 12’158,079.21 más IGV. Álvarez Pedroza es el árbitro que intentó viajar -sin éxito- a EEUU luego de conocer el pedido pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra y otros 15 abogados.

Su llegada al grupo selecto de árbitros de Odebrecht, según la fiscalía, se dio gracias a Sergio Antonio Calderón Rossi, cuando éste trabajaba como asesor legal en la dirección de concesiones en transporte del MTC, quien se reunió en varias ocasiones con Fernando Llanos, exgerente contractual y comercial de Odebrecht por orden de Rony Loor. En uno de esos encuentros, Calderón le comentó a Llanos que el MTC iba a designar a Álvarez Pedroza. Seguidamente, el exdirectivo de la constructora consultó por teléfono al abogado interno de Odebrecht, quien dio su visto bueno “diciéndole que a este árbitro lo conocían con el apelativo de “Gargamel””. Luego Llanos le comentó que la empresa designaría a Abanto porque ya había resuelto varios casos a favor de ellos.

Calderón Rossi habría propuesto llevar la controversia arbitral en la administración a su centro de arbitraje “Cámara Peruana de Arbitraje Mercantil” para asegurar que se resuelva de manera rápida y con resultado favorable a Odebrecht. Para que ello suceda, de acuerdo a la solicitud fiscal, pidió que se le entregue un porcentaje de 4% o 3% del monto reclamado en el arbitraje, previamente coordinado con Álvarez. Sin embargo, Roony Loor le ofreció, por intermedio de Llanos, el pago del 2% del mismo monto, y que se desembolsaría luego de emitido el laudo favorable.

Todo hace entender que los miembros del tribunal tenían premura por recibir este soborno. Así lo muestra la disposición de fiscal Germán Juárez, donde se lee que Álvarez Pedroza le habría manifestado a Calderón su incomodidad por la presión de Odebrecht y que además tenía que lidiar con los árbitros sobre el reparto del dinero pactado. En ese contexto, dijo que se sentía presionado por sus co-árbitros, refiriéndose a uno de sus colegas en especial: “como jode Abanto por la plata”.

El pago del soborno se efectivizó en dos partes. La primera al salir el laudo favorable a Odebrecht y el segundo cuando se dio el consentimiento. Según información del Ministerio Público, el dinero fue entregado por Llanos a Calderón Rossi en un maletín negro que contenía US$ 200 mil. Posteriormente, Calderón se dirigió a casa de Álvarez para hacerle la entrega de dicho maletín. El árbitro designado por el MTC le comentó en ese momento que “su trabajo” todavía no había terminado y que tenía que repartir con la gente, refiriéndose a sus co-árbitros (Ramiro Rivera y Abanto Verástegui). Luego, agregó: “no vayas a pensar que yo me la llevo toda, tengo que repartir con la gente”. De la segunda entrega de dinero, por el mismo monto, US$ 80 mil fueron para Calderón Rossi y Celso Gamarra Roig por su trabajo en el caso. El saldo fue repartido por los tres árbitros.

(Foto de cabecera: Composición)

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