Los siete magistrados del Tribunal Constitucional (TC), que este jueves evaluarán la demanda de competencias contra el cierre del Congreso, recibieron un proyecto que admite a trámite ese recurso en sus correos electrónicos el miércoles último, en medio del debate constitucional y legal respecto a la medida que adoptó el 30 de setiembre pasado el presidente Martín Vizcarra.
El documento en mención, según los medios que tuvieron acceso a él, como La República, señalaron que es un duro golpe contra la disolución constitucional del Parlamento, porque no solo da luz verde al recurso, sino que además reconoce a Pedro Olaechea como presidente del Congreso. Se ampara en que el 25 de julio, el Pleno del Legislativo autorizó al presidente del Congreso a presentar conflictos de competencias con el objetivo de evitar que el Ejecutivo cierre el Parlamento.
En medio del revuelo que desató, trascendió que el titular de TC, Ernesto Blume, autorizó que se entregue la propuesta a todos los miembros del colegiado, sin que los otros jueces hayan designado a un ponente para este caso, lo cual no es usual.
El propio Blume tuvo que salir en Canal N, donde admitió que, en efecto, él ordenó que se reparta el citado proyecto, pero negó que sea de su autoría, que tampoco pidió que se elabore y, por último, aseguró que ni siquiera lo había leído.
"Yo no he hecho ese proyecto, yo no he ordenado ese proyecto. Responde a una costumbre que hay en el Tribunal de que en las comisiones elaboran un proyecto, que es un insumo para luego ingresar al análisis del expediente".
"Normalmente, cuando ingresa un expediente al Tribunal Constitucional va a una comisión.[...] El día de hoy [miércoles 16] yo me reincorporé al TC y el titular de la comisión me dijo que ya tenían el preproyecto de ponencia. Le dije que como mañana tenemos pleno, hay que distribuirlo entre los magistrados", agregó.
De acuerdo con Blume Fortini, fue el coordinador de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad y Competenciales del TC, Omar Sar, la persona que elaboró la propuesta por iniciativa propia.
Además, se comprometió a que recién en el plenario de este jueves se elija al ponente, quien será el encargado de elaborar el proyecto sobre la admisión a trámite del caso, así como de la medida cautelar que interpuso Pedro Olaechea, quien fue denunciado por usurpación de funciones porque firmó la demanda competencial como titular del Congreso, pese a que este poder del Estado fue disuelto.
Blume indicó que la postura del proyecto en cuestión "no obliga al ponente" a pronunciarse en el mismo sentido, y precisó que "puede ser rechazado, puede ser modificado, puede ser ampliado o simplemente puede ser dejado de lado".
¿Qué viene?
De admitirse la demanda, en las próximas sesiones del pleno del TC se discutiría, primero, la medida cautelar interpuesta para suspender el cierre del Parlamento mientras se resuelve el conflicto de competencias.
Luego, en unos tres o cuatro meses, el TC emitiría recién el fallo sobre la demanda competencial, sobre tres escenarios posibles: i) que los magistrados fallen a favor de Olaechea y declaren nulo el cierre del Congreso, con los que los exlegisladores retomarían sus fueros; ii) que la rechacen y la ciudadanía elija un Parlamento el 26 de enero del próximo año; y iii) que se encarpete el pedido y recién se resuelva cuando se instale el nuevo Poder Legislativo.
Según La República, hasta el momento, son tres los magistrado del TC que están a favor de anular la disolución del Congreso: Ernesto Blume, Augusto Ferrero y José Luis Sardón. Los tres suelen votar en bloque, pero no alcanzan a ser mayoría. Pero esa composición podría cambiar si el tribunal admite al primo de Pedro Olaechea, Gonzalo Ortiz de Zevallos, como nuevo magistrado, pese a que su elección en el Congreso que era dominado por el fujimorismo y sus aliados estuvo plagada de irregularidades que son materia de investigación fiscal.
Sea como fuere, esta movidas en el TC dispararon las alarmas en Palacio, donde alertaron que en la sesión del tribunal de este jueves se designaría al magistrado Ferrero como ponente en el conflicto de competencias.
Según fuentes del Ejecutivo, Ferrero tiene vínculos y cierta cercanía con Ortiz de Zevallos, porque la asesora de Ferrero es Miluska Carrasco Gallardo, esposa del expresidente del TC Carlos Mesía Ramírez, quien a su vez es abogado de Ortiz de Zevallos.
Mesía Ramírez fue invitado en setiembre último por la fujimorista Rosa Bartra a la Comisión de Constitución para criticar el adelanto de elecciones generales que el Ejecutivo proponía. El archivo de esta propuesta fue lo que desencadenó la actual crisis que tuvo como colofón el cierre del Congreso, medida constitucional según coinciden la mayoría de juristas serios e independientes y que no ha sido puesta en entredicho por la comunidad internacional.
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