"No nos quedaremos con los brazos cruzados", dijo la fujimorista Luz Salgado este martes. Su compañero Héctor Becerril advirtió, desafiante, que están dispuestos a "todo" para "recuperar la democracia". Hubo hasta quienes, como Cecilia Chacón y Luis Galarreta, miembros de Fuerza Popular, pernoctaron en el Palacio legislativo.
Ninguno de los integrantes de la mayoría parlamentaria, que empujó al presidente Martín Vizcarra a decidir el cierre del Congreso, parece dispuesto ahora a aceptar una medida extrema pero legal, porque está contemplada en el artículo 134 de la Carta Magna del Perú.
Empezó el show
No quieren perder su curul ni las gollerías y prerrogativas que el cargo implica, como la inmunidad parlamentaria, que en 30 días se quedarán sin ella. "Vamos a estar aquí hasta quemar el último cartucho", anunciaba Salvador Heresi cuando se acababa el lunes turbulento en el Congreso.
Según El Comercio, en total unos 50 parlamentarios permanecieron hasta las 3 de la madrugada de este martes en la sede del Parlamento, evaluando los caminos que tienen para neutralizar la disolución anunciada por Vizcarra en una jornada que reflejó, como nunca antes, el choque institucional entre Ejecutivo y Legislativo, que fue acicateada por el fujimorismo y sus aliados, que insistieron con una polémica designación de miembros del Tribunal Constitucional.
Una de las vías que se pusieron sobre la mesa para obtener legitimidad son las instancias internacionales. De hecho, la agenda de Pedro Olaechea, presidente del Parlamento disuelto, arrancó con una reunión con corresponsales de los medios extranjeros acreditados en el Perú. "El evento es claramente de ruptura del orden constitucional. Por el momento soy presidente de la Comisión Permanente", dijo.
Incluso, el lunes se supo de sendas cartas que envió Olaechea a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a las Naciones Unidas (ONU), en la que da cuenta de la situación política que atraviesa el país. Solo la OEA, por ahora, se pronunció, pero sostuvo que le compete al Tribunal Constitucional (TC) peruano definir "la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas".
Precisamente Heresi adelantó adelantó que Olaechea presentará una "demanda competencial" con el objetivo de que el TC ─que querían tomar a través de una cuestionada elección exprés─ declare nula la disolución del Congreso dispuesta por el presidente Vizcarra.
Este escenario lo preveían, porque cuando aún estaba en funciones, el Pleno del Congreso autorizó a la Presidencia del Parlamento a presentar este recurso ante el TC, para que este colegiado se pronuncie respecto a los alcances de la cuestión de confianza.
"Tenemos una demanda competencial que se está redactando con una serie de fundamentos de hecho y derecho, para que el TC declare nulo, de pleno derecho, el dictado de disolución", dijo Heresi.
"Es absolutamente rebatible en tanto el presidente ha presentado una cuestión de confianza y él mismo la ha negado. Además ha presentado una resolución con su sola firma y cuando aún no había juramentado el nuevo primer ministro".
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