- Actualización: finalmente, el 28 de diciembre del 2019, Martín Vizcarra y sus ministros emitieron el Decreto de Urgencia Nº 043-2019, con el que ampliaron el Régimen Laboral Agrario hasta el 2031. Con ello, trabajadores de la agroindustria seguirán en una situación de desigualdad y discriminación, ya que no gozan de los mismos beneficios laborales que el Régimen General (Decreto Legislativo N° 728).

¿Qué se viene en lo que queda de gobierno de Martín Vizcarra? El disuelto Congreso logró aprobar, con el impulso de Fuerza Popular (FP) y el visto bueno de la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, la prorroga por diez años más (hasta 2031) del régimen laboral agrario (Ley 27360), que incluye exoneración del pago del Impuesto a la Renta (IR) y beneficios laborales desnaturalizados para los trabajadores (gratificaciones y compensación por tiempo de servicio prorrateadas mensualmente).

Ahora, todo está en manos del Ejecutivo. Ya sabemos como piensa la ministra Muñoz, que en el Pleno del Congreso defendió el régimen laboral agrario señalando que ha sido beneficioso para las empresas de la costa del país, criticó a quienes cuestionaban a este régimen señalando que se trataba de una "satanización" de lo que, según ella, era en realidad una buena norma para el Perú.

Pero ¿cómo piensan el presidente Martín Vizcarra y la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres? En el caso de la ministra, tomaremos como referencia el Informe de Competitividad 2019, un conjunto de propuestas del sector privado en el que ella participó cuando estuvo fuera del Estado, cuando dejó la jefatura de la Sunafil, para luego volver al MTPE en diciembre del 2018.

Un mes antes de que asuma el cargo de ministra, tras la renuncia de Christian Sánchez ante la aprobación de la Política Nacional de Competitividad y Productividad sin diálogo con los trabajadores, el Consejo Peruano de Competitividad (CPC) presentó el informe en el que participó Cáceres Pizarro.

El CPC se presenta como un "centro de pensamiento creado por IPAE en marzo de 2018 como iniciativa del sector privado para contribuir al desarrollo del país a través de propuestas de política articuladas entre el sector público y privado que promuevan la mejora de la competitividad". Este Consejo es presidido por Fernando Zavala, exministro de Pedro Pablo Kuczsynki (PPK), exejecutivo de la empresa Backus y actual gerente general del Grupo Intercorp (Interbank y otros).

¿Qué propone el sector privado en este informe en el que participó la ministra Cáceres? Sobre el régimen laboral agrario, reconoce que los "menores costos no salariales" han permitido que las empresas agroexportadoras multipliquen sus exportaciones por nueve (pasando de USD 640 millones en 2001 a USD 6,000 millones en 2017. 

En base a ello, el Informe de Competitividad 2019 propone que el régimen laboral agrario sea permanente y que se expanda a sus cadenas productivas y otros sectores que presenten estacionalidad.

Y ¿qué piensa el presidente Vizcarra sobre el régimen laboral agrario? En los últimos días no se ha pronunciado al respecto, pero cuando el fujimorismo, Adex y la Confiep pusieron el tema en agenda, en mayo del 2018, el mandatario respondió:

" Creemos que ha ayudado mucho el régimen agrario y que debería haber una extensión, pero eso amerita el análisis propio que debe hacer el Congreso".

"Yo creo que ha dado muchos beneficios al desarrollo agrario-exportador, lo que queremos como Gobierno es seguir gozando de las ventajas de un régimen agroexportador que ha dado mucho beneficio al Perú y sí hay algo que ajustar, lo ajustaremos".

Una semana antes de esta declaración, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se reunió con Vizcarra. En un comunicado, la mayor central sindical del país contó que el mandatario se comprometió a "no pedir facultades para restar derechos laborales ni prolongar las modalidades del régimen agrario y las exportaciones no tradicionales".

Pero no contaban con que esa iba a ser una manera de lavarse las manos y dejarle el tema al Congreso, que ahora hizo lo que los trabajadores pedían que no se haga, porque consideran que lo que ellos llaman "Ley Chlimper" es discriminatoria.

Walter Campos, presidente de Fentagro, federación que reúne a 15 sindicatos de todo el Perú, manifestó en su momento su oposición a esta pretensión empresarial.

“El régimen agrario ha cumplido sus objetivos con los empresarios, que han sacado provecho, pero nosotros no hemos avanzado, no hemos tenido un desarrollo económico y hemos dado nuestra juventud, nuestra vida”, dijo Campos a LaMula.pe.

De promulgar el Ejecutivo esta prórroga del régimen agroexportador hasta el 2031, los trabajadores del sector seguirán en condiciones que ellos consideran discriminatorias. Los cambios que se han realizado a este régimen no son significativos. Mientras un trabajador formal del régimen general recibe doce sueldos al año, dos gratificaciones en julio y diciembre, y depósitos por Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), los trabajadores del sector agroexportador reciben mensualmente sus pagos, que incluyen dichos conceptos. Solo tenían 15 días de vacaciones, pero ahora la norma ha ampliado a 30, pero solo para los que tienen más de un año laborando. Lo paradójico es que esta ley permite el contrato por solo tres meses. Además, las empresas agroexportadoras seguirán sin aportar 9% al seguro social como los demás sectores, sino que aportarán 6%, dos puntos más que los 4% que pagaban antes.

A propósito de la salud, las condiciones de trabajo en el campo son duras, ya que deben laborar a la intemperie, bajo el sol y realizar esfuerzo físico. Las consecuencias más conocidas son la deshidratación y dolores de espalda. Así se señala en un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado en el 2015, que da cuenta de los riesgos en la salud de estos trabajadores.

Estos privilegios para las empresas agroexportadoras vienen desde el 2000, cuando se dijo que era temporal para impulsar el sector y que solo iba a durar hasta el 2010, pero durante el gobierno de Alejandro Toledo la ampliaron hasta el 2021. 

Las condiciones del régimen laboral agrario, por las que tanto reclaman los trabajadores de la agroexportación, son similares a las que propone el Ejecutivo a través del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), que plantea prorratear mensualmente las gratificaciones y las CTS (beneficios laborales) en caso el empleador y el trabajador lleguen a un acuerdo.

Como indican los trabajadores del sector agrario, esto los perjudica porque cuando abandonan sus centros de labores se van "sin un sol en el bolsillo".

Especialistas sostienen que esto se trata de una desnaturalización de los beneficios laborales porque pierden su sentido al ser repartidos en doce y pagados como parte de los salarios mensuales.

[Foto de portada: Andina / Presidencia Perú]

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