Asesores del despacho de la fiscal de la Nación, Zorada Ávalos, informaron al semanario Hildebrandt En Sus Trece que la titular del Ministerio Público considera que no existen "elementos suficientes para abrir una nueva investigación contra el jefe de Estado, Martín Vizcarra, por su intervención en la concesión del aeropuerto Chinchero al consorcio Kuntur Wasi".

Ávalos solicitó a la fiscal anticorrupción Zoila Sueno los documentos encontrados en la laptop incautada al gerente general de Kuntur Wasi, José Carlos Balta del Río. Su revisión era importante porque existe una resolución con calidad de cosa decidida del exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien archivó la investigación al entonces exministro de Transportes y Comunicaciones y actual presidente de la República.

Sueno solo remitió a la Fiscalía de la Nación una copia de la Disposición N° 62, del 23 de agosto del 2019, mediante la cual formalizó investigación preparatoria contra la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli Aristondo, y otros, por presunto delito de colusión agravada.

En dicha disposición, la fiscal provincial anticorrupción da cuenta y describe una serie de documentos encontrados en marzo del 2017 en la laptop del gerente general de Kuntur Wasi, pero no los remitió a la Fiscalía de la Nación. Otro detalle que llama la atención, según La República, es que Sueno no habría incluido a Vizcarra en el relato de los presuntos hechos ilícitos que ella está investigando y que dio pie a remitir los documentos al Ministerio Público.

Este domingo el programa Punto Final reveló que el pliego interrogatorio con preguntas y respuestas grabado el 10 de marzo de 2017 no tiene "ningún párrafo" similar -ni en el fondo ni el lenguaje utilizado-, como señalaría la fiscal Sueno, con el informe con las respuestas que el entonces ministro Vizcarra presentó en el Congreso, en la frustrada interpelación del 16 de marzo del mismo año.

El otro indicio de la fiscal Sueno señala que Kuntur Wasi recibió una copia de dos informe que el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) elaboró para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en fecha anterior a su entrega al ministro Vizcarra. Los documentos, elaborados a solicitud del jefe de Estado, tenían relación con una controvesia suscitada entre el MTC y la empresa por el pago de intereses de la concesión.

Sin embargo, este hecho tampoco comprometería a Martín Vizcarra porque se desconoce los responsables de que dichos documentos hayan llegado a para en manos de la empresa. "Pudo haber sido la CAF", dijo uno de sus asesores. Se conoció, en ese sentido, que la Unidad de Cooperación Judicial y Exradiciones del Ministerio Público hah solicitado una explicación a la CAF; sin embargo aún no ha contestado.

"Si el ministro no tenía el informe, es claro que él no se lo entregó a Kuntur Wasi, habría que investigar por qué el CAF le entregó una copia a una tercera persona", afirmó otra fuente a La República.

Sobre el proyecto de Adenda N°1 al contrato de la concesión de aeropuerto de Chinchero, con las firmas del director de concesiones del MTC y el gerente de Kuntur Wasi, de fecha 3 de enero del 2017, también encontrado en la laptop, Ávalos considera que es natural que la empresa tuviera en su poder ese documento, debido a que era una "contraparte contractual" que tenía que negociar con los funcionarios que entonces encabezaba Vizcarra.

Por estos hechos, tras examinar detalladamente el dictamen 65-2017 de Pablo Sánchez, mediante el cual declaró improcedente la investigación contra el extitular del MTC por lo delitos de colusión y negociación incompatible, Ávalos tendría decidido el archivamiento del caso al no encontrar nuevos hechos que comprometan directamente al jefe de Estado en un ilícito penal.

Un tema que sí está claro para la fiscal de la Nación es la disposición para iniciar una nueva investigación al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por las donaciones recibidas de la empresa Andino Investment Holding, que forma parte del consorcio Kuntur Wasi. La fiscal Sueno informó que el representante de la compañía admitió y entregó los certificados de donaciones por US$ 50 mil realizados en los años 2013 y 2014 a la Fundación País de PPK, lo que se sospecha podría encubrir un presunto soborno por el contrato de Chinchero.

(Foto de cabecera: RPP)

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