Con las posibilidades remotas de que recupere su libertad, al menos a través de la casación que presentó su defensa ante la Corte Suprema, Keiko Fujimori ahora tiene otro problema que complica su situación: los cinco jueces de la Sala Penal Permanente de la máxima instancia judicial del país, que no lograron ponerse de acuerdo sobre el tiempo de la prisión preventiva para la jefa de Fuerza Popular, sí concordaron en que esta tenía pleno conocimiento del aporte no declarado a su campaña de la constructora brasileña Odebrecht, con dinero de origen ilegal.

Es decir, los vocales supremos que evaluaron la casación de la excandidata a la Presidencia respaldaron las evidencias presentadas por el equipo Lava Jato y que acreditan que la jefa de Fuerza Popular tuvo conocimiento de la procedencia del US$ 1 millón que el exdirector de Odebrecht en el Perú Jorge Barata le entregó a Jaime Yoshiyama, reveló La República, que tuvo acceso a la resolución de la sala.

Fuente: La república

"Los hechos determinan que la investigada, por el lugar que ocupaba en la agrupación política, tenía conocimiento de las actividades que se desarrollaban (en el partido). También tenía conocimiento de la procedencia del dinero para financiar la campaña electoral", señalaron los vocales supremos Hugo Príncipe Trujillo, Jorge Castañeda Espinoza, Zavina Chávez Mella, Iván Sequeiros Vargas e Iris Pacheco Huancas.

El fallo de los jueces supremos desbarata de Keiko Fujimori, que sostiene que la casación para revocar la prisión preventiva porque la fiscalía no ha probado que ella recibió fondos para financiar su campaña presidencial. Pero los vocales que revisaron los testimonios y pruebas de la carpeta fiscal sostienen lo contrario, que la excandidata sí sabía de la procedencia de los fondos para su campaña.

Incluso, los vocales supremos señalan que la instancia anterior a ellos estableció que la fuente del dinero no era legal, por lo que se pronunció correctamente a favor del pedido de prisión preventiva de los fiscales del Equipo Especial, con la finalidad de que Keiko Fujimori no siga interfiriendo ni obstaculizando la investigación del caso, como lo venía haciendo.

Por ello, los cinco jueces que integran la sala suprema rechazaron la pretensión de la defensa de declarar nula la detención de Keiko Fujimori. En lo que no estuvieron de acuerdo es en el tiempo de la detención preventiva. 

"La Sala Superior cumplió con precisar y analizar los elementos de convicción válidamente incorporados que acreditarían la procedencia ilícita del dinero de parte de la empresa Odebrecht".

Los elementos de convicción aludidos por los vocales son todos los documentos que entregó Odebrecht a la fiscalía sobre las dos entregas de dinero, US$ 500 mil cada una, para la campaña de Keiko Fujimori; las confesiones del exdirector de la empresa brasileña en Perú Jorge Barata; el testimonio del expresidente de la firma Marcelo Odebrecht; la manifestación del exdirector de Odebrecht para América Latina Luiz Mamerí; y el testimonio del exejecutivo Fernando Migliaccio.

Además, el pasado 6 de agosto, en el último interrogatorio en Sao Paulo, Barata volvió a ratificar que quien le pidió el dinero para Keiko Fujimori fue Yoshiyama Tanaka, y que fue a este y a Augusto Bedoya Cámere a quienes les entregó US$ 1 millón en efectivo. Entregó también las pruebas que respaldan su testimonio.

Así, los vocales subrayaron que la prisión preventiva contra la dos veces candidata presidencial se dictó sobre la base de "fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule a la imputada como autora de este" (lavado de activos).

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