Luego de tres años de investigación la Fiscalía de Lavado de Activos ha logrado descubrir millonarias y sospechosas transacciones comerciales, préstamos y compra de bienes simulados, además de la venta de propiedades infladas que relacionan al exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, su familia y a Keiko Fujimori.

Según el informe del fiscal Wilson Salazar, difundido por Cuarto Poder, en las indagaciones se incluyen a la lideresa de Fuerza Popular, al asesor Pier Figari, Jaime Yoshiyama, a la madre y la esposa de Joaquín Ramírez, Luisa Gamarra Castañeda y Rosa Castañeda Cubas, y a la esposa e hijas del desaparecido Fidel Ramírez, Nancy Gallegos y Nancy y Maribel Ramírez, como integrantes de una organización criminal.

Lo que genera sospechas en la fiscalía son las sucesivas inyecciones de dinero que hizo Ramírez a la empresa de grifos Cogeco por S/ 2 millones 290 mil, y luego esta compra seis inmuebles por US$ 2 millones 500 mil, cuando el excongreista fujimorista era su apoderado legal. Además, otra de sus empresas alquiló a Cogeco dos terrenos por 99 años. 

Según la hipótesis fiscal, una parte de los US$ 15 millones que Keiko Fujimori le habría dado a Ramírez eran para que "sean invertidos en su cadena de grifos con la finalidad de darle apariencia de legalidad” y para la compra de dos inmuebles valorizados en US$ 2 millones 480 mil que terminaron cedidos a Fuerza Popular.  

En agosto del 2012, Lima Ingeniería y Construcción compró por 190 mil dólares una vivienda ubicada en la cuadra 5 del jirón Bucaré en Surco, donde se realizaban las reuniones fujimoristas en la época parlamentaria de Ramírez y donde se hacía la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Para enero del 2013 se cedió la casa a Fuerza Popular. Joaquín Ramírez adquirió otra vivienda, en Miraflores, mediante su empresa Mondreau. Adquirió la propiedad por 300 mil dólares y después de dos años lo cedió al partido fujimorista.

“Se tiene que la organización criminal habría destinado parte del patrimonio de su brazo comercial liderado por Joaquín Ramírez para beneficio, uso y disfrute de la organización política Fuerza Popular liderada por su presidenta e investigada Keiko Fujimori la que habría consentido su recepción a sabiendas que dichos inmuebles provenían de las empresas de su coinvestigado Joaquín Ramírez y de los actos ilícitos realizados a través de estas”, se indica en el expediente fiscal.

Asimismo, el Ministerio Público sospecha de las 31 empresas fundadas por Fidel Ramírez, su esposa e hijas, y Joaquín Ramírez, que como proveedoras de la Universidad Alas Peruanas, le han cobrado S/ 361 millones. Las autoridades descubrieron que la universidad prestó S/ 8 millones a empresas del exsecretario general de Fuerza Popular que, hasta enero pasado, no habían sido devueltos y, por lo contrario, se intentó ocultar.

“Habrían incurrido en fraude en la administración de la universidad Alas Peruanas al ocultar información a los auditores externos respecto a la verdadera situación de la persona jurídica, falseando los balances, ya que en ellas la sociedad auditora no ha evidenciado las cuentas por cobrar respecto a la deuda que las empresas de Joaquín Ramírez mantiene con Alas Peruanas”, sostiene la Fiscalía.

De acuerdo a Correo, en el informe de  Wilson Salazar, se requiere al juez Víctor Zúñiga Urday que se levante la inmunidad parlamentaria de Osías Ramírez, quien se encuentra incluido en la investigación a su hermano Joaquín Ramírez, por existir indicios razonables en la investigación.

(Foto de cabecera: Andina)

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