En marzo pasado, se mostró confiado en que el gobierno de Martín Vizcarra otorgara la licencia de construcción para Tía María. Llegado el mes de julio y a poco de vencerse el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero, se concretó lo que esperaba: el Ministerio de Energía y Minas (Minem) le otorgó el permiso a Southern Copper. Sin embargo, no todo resultó como lo planeó. Tras las protestas en Arequipa, el Ejecutivo dio un paso atrás y suspendió la licencia hasta que se resuelvan los recursos presentados por autoridades y dirigentes del Valle de Tambo. A pesar de ello, el CEO de la empresa minera, el mexicano Óscar González Rocha, mantiene firmes sus intenciones de sacar adelante la actividad extractiva.
”Tenemos diez años con el proyecto Tía María, así que no vamos a dejarlo pendiente por una suspensión. Vamos a seguir insistiendo para poderlo llevar a cabo, porque es lo que le conviene al país, a los trabajadores que laborarán en el proyecto, a la región Arequipa, a la provincia de Islay. A todo el mundo le conviene”, dijo el empresario en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).
González Rocha se quejó porque el Gobierno no le consultó antes de suspender la licencia minera. En este sentido, debemos recordar que el Ejecutivo tampoco dialogó con los agricultores del Valle de Tambo antes de otorgar el permiso para construir la mina a tajo abierto.
“No, no consultaron nada, nada más dieron la suspensión. Ese es el problema. Y por eso estamos analizando la posibilidad legal contra el Consejo de Minería y con quien haya tenido que ver en esta suspensión, que no teníamos nosotros derecho a recibirla”, afirmó.
Contra quien sí Southern está tomando medidas concretas es el gobernador regional de Arequipa, Élmer Cáceres, por los terrenos que la minera había adquirido en la región y que la autoridad ha desconocido.
“Por lo pronto, algunas acciones que el gobernador de Arequipa está tomando en contra de la empresa. Pues nosotros estamos tomando acciones legales contra el propio gobernador. Contra esto estamos protegiéndonos para evitar que haya abusos por parte del gobierno regional”, señaló.
Después de que el Gobierno le otorgó la licencia, no sabemos qué medidas tomó la empresa para dialogar, solo hemos visto hasta ahora que financió una campaña televisiva en contra de los opositores a Tía María. Sobre los manifestantes, el empresario se quejó de que el Estado no tome acciones "contra las gentes que están cometiendo actos que están en contra de la ley".
Según González Rocha, Southern "cumple con todos los dispositivos ambientales, tanto a nivel país como a nivel mundial".
“Tenemos sesenta años trabajando Toquepala. Cuarenta años trabajando Cuajone, con beneficios para Tacna y Moquegua que no se tienen en otras regiones. Así que no entendemos cuál es la razón (por la) que dicen que estamos contaminando. (Porque) ya hubieran reaccionado las regiones de Tacna y de Moquegua, en lugar de los beneficios que han tenido durante tanto tiempo”, dijo.
Al respecto, debemos mencionar que en el período de enero del 2011 hasta junio del 2019, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) ha sancionado a Southern con 1 millón 115 mil 477 soles (298 UIT), según información oficial difundida por Ojo Público. En total, la minera tiene 24 procesos administrativos, por los que el Oefa la ha calificado como "infractor reincidente". Y si revisamos los antecedentes, Southern ha generado reclamos ambientales en Tacna, Moquegua y Apurímac.
Cabe resaltar que Southern pertenece al Grupo México (GM), una compañía responsable del mayor desastre ambiental en la historia del país norteamericano. En el 2014, una minera del GM derramó 40,000 metros cúbicos de metales tóxicos en el río Sonora. En julio pasado, otra empresa del grupo derramó 3,000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, motivo por el que el gobierno mexicano está evaluando cancelar sus actividades.
Por otro lado, sobre el dinero que ha invertido la empresa, González Rocha señaló que, hasta la fecha, Southern ha desembolsado US$ 300 millones de dólares, como parte de los 1,400 millones de dólares que costarría el proyecto minero.
“Tú me podrás decir ¿qué es lo que hemos obtenido? Pues, nada. Bueno, se gastó ese dinero en comprar algunos equipos. Equipos que luego se utilizaron en las minas de Cuajone y de Toquepala, ya que no se pudieron utilizar en Tía María. E inclusive en una planta, pero ese dinero se recuperó porque la planta se vendió a una de las empresas mexicanas nuestras, en donde se instaló y está trabajando a plena capacidad esta planta que iba a ser para Tía María, para producir cátodos”, afirmó.
En enero del 2015, la Fiscalía Ambiental pidió dos años y medio de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de 1 millón de dólares para Óscar González Rocha, en su calidad de presidente ejecutivo de Southern Perú, por el presunto delito de contaminación ambiental en el mar de Ilo. Además, en setiembre del 2018, la ciudadana Dersy Bustamente Cáceres lo denunció porque la empresa habría derrumbado su casa en Ilo.
[Foto de portada: Radio Uno]
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