El Consejo de Defensa Jurídica del Ministerio de Justicia evalúa si el procurador anticorrupción Amado Enco excedió sus funciones en la denuncia que interpuso contra si colega Jorge Ramírez, por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en la negociación del acuerdo de colaboración eficaz que suscribió la constructora brasileña con la fiscalía peruana y que fue aprobado por el poder Judicial.
El análisis del caso se inició este mediodía en una reunión de consejo encabezada por el mismo ministro de Justicia, Vicente Zeballos, según fuentes del sector que cita El Comercio. El objetivo es calificar la denuncia penal de Enco contra su colega por los presuntos delitos negociación incompatible y omisión de funciones, para determinar si excedió o no sus funciones, sobre la base al informe de la Secretaría Técnica sobre el caso.
Se desconoce si al finalizar la reunión se llegará a una conclusión sobre el tema que ha generado críticas y suspicacias en el equipo especial Lava Jato sobre las reales intenciones de la denuncia de Enco, acicateadas por las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, quien se expresó en contra del reembolso de los 524 millones de soles que reclama Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, que se establece en el referido acuerdo.
Precisamente, está pendiente el pronunciamiento que debe emitir el procurador ad hoc Jorge Ramírez sobre este tema, tras la cual el Minjus decidirá si procede o no. Según expertos consultados, como el penalista César Azabache, los cargos que le imputan al procurador del caso Odebrecht no aplican: la negociación incompatible corresponde a casos de contratos público, no a la persecución o exoneración de delito, y la omisión de funciones procede cuando una orden superior o un mandato legal clara son incumplidos.
Fue en ese contexto que el procurador anticorrupción denunció la semana pasada a Ramírez. Enco alega que con el dinero que reclama Odebrecht se habría podido pagar casi la totalidad de la reparación civil que la constructora tiene con el país, que asciende a S/610 millones, mientras que el ministro Zeballos dijo que se trató de una decisión autónoma de Enco que no afecta el acuerdo de colaboración, ya que, al haber si homologado por el Poder Judicial, las negociaciones del mismo se consideran lícitas.
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