El procurador anticorrupción Amado Enco aseguró este domingo que su denuncia contra el procurador ad hoc del caso Lava Jato Jorge Ramírez no perjudica el acuerdo suscrito entre la constructora Odebrecht y los fiscales peruanos.

 En su denuncia contra Ramírez, el abogado del Estado argumenta un supuesto favorecimiento a la empresa brasileña en las negociaciones sobre el pago de la reparación civil. “No se puede pedir la nulidad del acuerdo. Este acuerdo ha sido homologado judicialmente, la jueza lo ha aprobado y se tiene que cumplir en sus propios términos”, dijo Enco en Panorama. 

Asimismo, aclaró que su denuncia solo incluye a Jorge Ramírez y no a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, puesto que el tema de la reparación no les compete.

“La denuncia no comprende a los señores fiscales porque está plasmada en función de hechos en el extremo de la reparación civil. El Ministerio Público no tiene ninguna competencia, ni en la determinación del monto, ni en la negociación sobre la forma de pago de la reparación civil”, afirmó.

El procurador anticorrupción comentó que ha conversado sobre este tema con el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en más de una ocasión. "He tenido varias reuniones con el ministro de Justicia. Le he mostrado mi preocupación sobre la forma como se estaría llevando la negociación de este caso", indicó. Sin embargo, acusó que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado evitó escuchar su posición. 

“Es la primera vez que se dispone que una denuncia de un procurador anticorrupción deba ser calificada por la secretaría técnica del consejo”, indicó. “No quisiera pensar que habría una intromisión, un intento de descalificar las acciones que se desarrollan desde la Procuraduría Anticorrupción. Espero que sea un exceso de diligencia”, agregó. 

Enco denunció a Ramírez por presunta negociación incompatible con Odebrecht, al haberse condicionado el pago de la reparación civil a la devolución de los S/524 millones por la venta de Chaglla. A juicio del procurador anticorrupción, “con ese dinero debería pagarse casi la totalidad” de la deuda por S/610 millones que tiene la compañía con el Estado por concepto de reparación civil, en el marco de la Ley N°30737. “Si soy abogado del Estado y tengo esa oportunidad, tengo que utilizarla”, manifestó.

(Foto de cabecera: Andina)

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