Luego del informe del equipo especial Lava Jato de la fiscalía, que sostiene que la empresa Odebrecht no tiene procesos abiertos fuera del acuerdo de colaboración eficaz suscrito, ahora el Ministerio de Justicia (Minjus) tiene que decidir si se es que desembolsa los S/524 millones que reclama la empresa brasileña por la venta de la central de Chaglla.
Ya el documento fiscal está evaluado por la unidad funcional del Minjus que está a cargo de ejecutar las disposiciones de la Ley 30737, la cual permitió calcular el monto de la reparación civil a favor del Estado que deberá pagar la constructora por los actos de corrupción que incurrió en el Perú, informó El Comercio.
El pronunciamiento del sector Justicia se dará en las próximas horas, en medio de las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, quien reiteró su negativa a que se devuelva ese dinero y discrepó así de la postura que tiene la fiscalía en este tema, al señalar que no se debería reembolsar ese dinero a firma brasileña.
La interpretación que hace el equipo especial radica en que fuera del acuerdo de colaboración eficaz, Odebrecht no tiene procesos en etapa preparatoria, los casos pendientes que se conocieron con posterioridad al convenio, están recién en etapa preliminar, es decir, hay una "sospecha simple", por lo que técnicamente, no habría impedimento en este momento para acceder al pedido de la constructora.
En cambio, las diligencias en la etapa preparatoria ya buscan reunir elementos de convicción que puedan arribar a una eventual acusación fiscal y, posteriormente, un juicio. En los nuevos casos, como el Gasoducto del Sur, el informe fiscal dice que aún no se ha podido, en rigor, "determinar si han tenido lugar hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad".
La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, al homologar el citado acuerdo, incluyó una cláusula referida al pedido de Odebrecht sobre la devolución del dinero excedente por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, que señala que la Fiscalía debía informar si le empresa tenía o no investigaciones o procesos penales en curso y al margen fuera del acuerdo de colaboración eficaz.
"Respetamos los acuerdos a pesar de que eso no sea popular. No podemos firmar un acuerdo para luego no ejecutarlo, eso no es serio", dijo en La República el fiscal coordinador del equipo Lava jato, Rafael Vela Barba.
El objetivo, según comentan fuentes fiscales, es preservar el bien mayor, es decir, que Odebrecht siga colaborando como hasta ahora con las investigaciones. De hecho, expertos sostienen que, en efecto, el riesgo de truncar la colaboración es real si no se desembolsa el dinero que reclama la constructora.
Si la respuesta del Minjus fue negativa para Odebrecht, la empresa podría recurrir al Poder Judicial para solicitar la ejecución de la sentencia y que se les otorgue el reembolso. Pero el titular del sector, Vicente Zeballos, refirió con anterioridad que el reembolso dependía del pronunciamiento de la fiscalía.
Al respecto, el ex procurador anticorrupción Yván Montoya sostuvo que a pesar de que el informe de la fiscalía "requiere una explicación mayor", que aclare que no se está flexibilizado su posición frente a Odebrecht, sino no se ejecuta el desembolso solicitado, la sentencia que aprobó el acuerdo quedaría en entredicho.
"La toma de decisión tiene riesgos, como que la empresa entre otra vez en una fase de no colaboración, más aún cuando viene la fase de juicio oral", remarcó Montoya en El Comercio, en lo que coincide con el también exprocurador Antonio Maldonado, que señaló que el riesgo es retroceder lo avanzado por la fiscalía.
"El riesgo mayor involucraría desandar lo andado, traer abajo todo el esfuerzo que ha hecho el Estado a través del Ministerio Público para descubrir la verdad en este caso, sería que la empresa eventualmente decida no continuar colaborando".
Para la abogada penalista Romy Chang, si Odebrecht recurre al Poder Judicial ante una eventual negativa, la colaboración eficaz se podría entrampar."La empresa podría decir que no se está cumpliendo el acuerdo y buscar establecer algún tipo de demanda. Sobre eso no hay un procedimiento establecido con exactitud en el código procesal", agregó, al precisar que se trata básicamente de un requisito que la jueza fijó para la devolución. "Cualquier persona que sienta que se ha vulnerado su derecho tiene posibilidad de reclamar al Poder Judicial", acotó.
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