Los S/524 millones que reclama la empresa Odebrecht al Ministerio de Justicia como reembolso por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, deberían quedar como una "garantía" para el Estado peruano, sostuvo este martes el presidente Martín Vizcarra.
"El daño que ha hecho Odebrecht al Perú es muchísimo más de 500 millones", dijo el mandatario, al comentar la controversia procesal respecto al fallo judicial que homologó el acuerdo de colaboración eficaz, el cual condiciona la devolución del dinero excedente en el fideicomiso que creó la Ley 30737 con la que se busca asegurar el pago de la reparación civil, a que no exista una investigación o proceso penal en curso que involucre a la constructora brasileña.
"Pienso que, cumpliendo la independencia de poderes porque respetamos las decisiones que tome el Ministerio Público y el Poder Judicial, debería haber una forma de que, si el acuerdo lo determina, quede como garantía porque vemos que siguen haciendo destapes de corrupción en otros proyectos que no se habían considerado".
Vizcarra señló que se deberían tomar precauciones en vista de que continúan apareciendo casos de corrupción en proyectos de los que Odebrecht no había dicho nada hasta ahora, como el caso del Gasoducto Sur Peruano, en el que hay pagos ilegales por más de US$ 3 millones.
"Hay que tomar las providencias y precauciones del caso porque es lamentable que proyectos que se pensaba, porque así lo habían dicho los actores involucrados, que no habían sido fruto de la corrupción, también han sido fruto. Pienso que amerita un análisis profundo y siempre cuidado los intereses del Estado".
Además del gasoducto, Odebrecht está inmersa en una investigación por colusión desleal y peculado en la construcción de la carretera San José de Sisa, en la región San Martín. También en una investigación preliminar sobre corrupción en arbitrajes contra el Estado peruano. La lista es larga, porque hay sospechas de pagos ilícitos en una veintena proyectos.
Pero para reclamar el cuestionado reembolso, la constructora alega que el mismo fallo judicial, en su numeral 131, dice que las partes informaron que si al momento de la homologación del Acuerdo de Colaboración y Beneficios, la venta de Chaglla ya fue realizada bajo las reglas de la Ley 30737, "la Procuraduría ad hoc cobrará el fideicomiso vigente en ese momento y el saldo será entregado a las empresas del grupo Odebrecht que correspondan".
Odebrecht sostiene en las negociaciones del acuerdo quedó claro que con la venta de Chaglla iban a pagar la reparación civil y sus deudas con proveedores, así como los honorarios de los abogados de sus colaboradores, para poder subsistir. Agrega que si no se cumple con la devolución de ese dinero el fallo que aprobó el acuerdo no se podría ejecutar, lo que pondría en riesgo la entrega de nueva información y frustraría la nueva ronda de interrogatorios a Jorge Barata y Ricardo Boleira.
Odebrecht viene entregando información en unos 16 casos, entre ellos Rutas de Lima, el Club de la Construcción, Westfield Capital, aportes a Fuerza Popular y a otros partidos políticos investigados por financiamiento ilegal.
El fallo de homologación de la jueza María de los Ángeles Álvarez, que quedó consentido por las partes el 26 de junio pasado, señala que si la fiscalía, como titular de la acción penal, confirma la existencia de nuevos hechos de connotación penal que involucren a Odebrecht y que, por ende, se necesite garantizar nuevas reparaciones civiles por casos que no están incluidos en el acuerdo en vigencia, deberá notificar al Ministerio de Justicia para que reactive el fideicomiso de la Ley 30737.
Es decir, solo con el caso Gasoducto, en el que el equipo especial Lava Jato dice que Odebrecht ya admitió su culpa y que colabora con la investigación en curso, se bloquearía temporalmente el dinero que la empresa brasileña ahora reclama. Pero la última palabra es de la fiscalía, que tiene ahora un papa caliente en las manos. En las próximas horas se pronunciaría al respecto.
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