El pasado 10 de julio, al día siguiente que Southern Copper anunció que el Ministerio de Energía y Minas de Perú (Minem) le dio licencia para construir la mina Tía María, una filial del Grupo México (GM), dueño del proyecto ubicado en Arequipa, derramó 3,000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés en un nuevo crimen ambiental de esta empresa. Las autoridades mexicanas han tomado cartas en el asunto y clausuraron, el último sábado, las instalaciones de la Terminal Marítima de Mexicana de Cobre en Guaymas, Sonora.
"Estamos ante una situación especial de un grupo industrial que repetidamente, 22 accidentes no es para menos. Cuando una compañía o industria con este currículum, con esta trayectoria, la Semarnat tendría la capacidad legal para la suspensión de la industria, claro que nos estamos enfrentado a una enorme compañía", señaló Víctor Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México, citado por Milenio.
El funcionario señaló que analizarán estos 22 casos de contaminación ambiental, ocurridas en los últimos 20 años de operaciones mineras del GM.
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Por su parte, Blanca Mendoza, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), estimó que en un mes y medio estarán listas las sanciones contra la empresa, que podrían ir con multas desde 20 mil a 4 millones 200 mil pesos. La funcionaria agregó que por el historial negativo ambiental se podría revocar la autorización de la empresa y su permiso para seguir operando.
El último "ecocidio" cometido por los dueños de Tía María en México se ha producido, como informó El País, en "una zona de enorme riqueza biológica". La experta en agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Elena Burns, citada por el diario español, consideró a este caso como un "crimen ambiental". "Son sustancias que envenenan la fauna marina", dijo.
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En Perú, el Grupo México tiene el proyecto Tía María, operado por su filial Southern Copper Corporation. Esta inversión es rechazada por la población de la zona de influencia desde hace al menos nueve años. El pasado 9 de julio, la empresa anunció que el Ejecutivo le otorgó licencia para construir la mina, pero el Gobierno central no dialogó previamente con las organizaciones sociales de la provincia de Islay, donde se ubican los yacimientos de cobre. Desde el 15 de julio, esa zona de la región Arequipa se encuentra en paro indefinido en una protesta liderada por los agricultores del Valle de Tambo, que temen que sus campos de cultivo se contaminan por la actividad extractiva. Los antecedentes de los dueños no son nada confiables, ni en Perú ni en México.
[Foto de portada: publimetro.mx]
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