Controversia procesal. La devolución de los S/524 millones que sobraron de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, que Odebrecht ya ha reclamado a principios de mes al Ministerio de Justicia, ha puesto en riesgo la ejecución de la sentencia judicial que aprobó el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el equipo especial Lava Jato de la fiscalía, la procuraduría ad hoc y la constructora brasileña.

Aunque el fallo quedó consentido por las partes desde el 26 de junio pasado, ahora el destino de los fondos que sobran del fideicomiso que creó la Ley 30737 con la que se busca asegurar el pago de la reparación civil ha generado tensiones, porque la resolución de la jueza María de los Ángeles Álvarez condiciona esa devolución a que no exista una investigación o proceso penal que involucre a Odebrecht, por lo que el proceso en curso por el Caso Gasoducto, en el que la empresa ya aceptó su culpa y colabora brindando información, activaría inmediatamente ese candado.

Lo que establece el punto 92 de la sentencia

La jueza Álvarez señala que si la fiscalía, como titular de la acción penal, confirma la existencia de nuevos hechos de connotación penal que involucren a Odebrecht y que, por ende, se necesite garantizar nuevas reparaciones civiles por casos que no están incluidos en el acuerdo en vigencia, deberá notificar al Ministerio de Justicia para que reactive el fideicomiso de la Ley 30737. Es decir, la última palabra la tiene el equipo especial Lava Jato, que se pronunciaría en las próximas horas.

Lo que alega Odebrecht

Por el contrario, la constructora brasileña sostiene que el mismo fallo judicial, en su numeral 131, la jueza hace unas observaciones al analizar las obligaciones del pago de la reparación civil. 

Lo que menciona la magistrada es que, en la audiencia, las partes informaron que si al momento de la homologación del Acuerdo de Colaboración y Beneficios la venta de Chaglla ya fue realizada bajo las reglas de la Ley 30737, "la Procuraduría ad hoc cobrará el fideicomiso vigente en ese momento y el saldo será entregado a las empresas del grupo Odebrecht que correspondan".

Colaboración en riesgo

Voceros de la constructora señalaron a La República que en las negociaciones del acuerdo quedó claro que con la venta de Chaglla iban a pagar la reparación civil y las deudas que tienen con proveedores, así como los honorarios de los abogados de sus colaboradores, para seguir subsistiendo. 

Si no se cumple con la devolución de ese dinero que reclaman, el fallo que aprobó la colaboración eficaz no se podría ejecutar, agregaron, lo que pondría en riesgo la entrega de nueva información y frustraría la nueva ronda de interrogatorios a Jorge Barata y Ricardo Boleira, que la fiscalía prevé para el 23 y 24 de julio, respecto a los pagos ilícitos en el Gasoducto Sur y otras obras de las que hasta ahora no habían declarado.

Además del gasoducto, Odebrecht está inmersa en una investigación por colusión desleal y peculado en la construcción de la carretera San José de Sisa, en la región San Martín. También en una investigación preliminar sobre corrupción en arbitrajes contra el Estado peruano. La lista es larga, porque hay sospechas de pagos ilícitos en veintena proyectos.

A estos se suma que Odebrecht viene entregando información en unos 16 casos, entre ellos Rutas de Lima, el Club de la Construcción, Westfield Capital, aportes a Fuerza Popular y diversas investigaciones por financiamiento a partidos políticos. 

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