La publicación del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, homologado por el Poder Judicial, se ha vuelto como un juego de ping pong. La pelota va de un lado a otro sin que se defina nada. En el equipo especial Lava Jato han dicho que ya no hay restricciones para que se difunda el convenio, pero que depende de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, quien lo aprobó.
"No tenemos ninguna restricción para que el acuerdo pueda ser hecho público, pero manifestamos que al tratarse de una situación judicial, quien debe encargarse de su publicación y difusión es el Poder Judicial", dijo a inicios de este mes Rafael Vela Barba, el jefe del equipo especial.
Previamente, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción había sugerido al Ministerio Público evaluar la posibilidad de publicar el convenio con Odebrecht a fin "de evitar malos entendidos e interpretaciones sobre su contenido, finalidad y eficacia".
Ahora, la magistrada Álvarez sostiene que la única posibilidad de que la opinión pública conozca el acuerdo es que al menos una de las partes lo solicite; o sea, la fiscalía, la procuraduría o la compañía brasileña.
En un comunicado de la Corte Superior Anticorrupción, Álvarez Camacho aclara que el Poder Judicial no puede hacer público el documento de forma unilateral, al citar el Decreto Legislativo N° 1301, que señala que el proceso de colaboración eficaz es de naturaleza especial y autónoma, se rige por sus propias reglas y solo es de conocimiento del fiscal, del colaborador y su defensa y, en su oportunidad, el agraviado representado por la procuraduría ad hoc.
Por ello, agrega el pronunciamiento, cuando el juzgado a cargo de Álvarez emitió la sentencia de homologación, solo notificó el fallo a los órganos fiscales y judiciales que correspondan.
La jueza titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dijo que las partes podrían plantear un incidente para discutir la conveniencia de publicar la sentencia que aprueba el acuerdo, pero ninguna de estas lo ha pedido hasta ahora.
Afectaría la investigación
Si embargo, Álvarez Camacho advirtió que como la sentencia está en proceso de ejecución, si ella publica el acuerdo, por un lado, desconocería el procedimiento judicial, y además "podría significar una afectación a la tesis de investigación y estrategia de actuación de la Fiscalía, conforme a las funciones y atribuciones que la Constitución le ha confiado".
La magistrada explicó que la resolución podría referirse no solo a casos delatados, sino a los mecanismos de corroboración y sobre otra información obtenida que puede ser relevante para otros casos.
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