El conflicto por la mina Las Bambas (Apurímac y Cusco) es complejo y tiene diversos aspectos que debemos tomar en cuenta, como las grandes diferencias entre los actores del conflicto: la empresa minera transnacional, la comunidad campesina local y los representantes del Estado peruano. En este sentido, las asimetrías de poder son un problema, afirmó el sociólogo Francisco Durand.
[Lee también: Las Bambas: lo que debes saber sobre este conflicto minero: INFOGRAFÍA]
En un evento organizado por LaMula.pe, Durand, autor de varios libros sobre poder político y empresarial en Perú, sostuvo que el gran problema en conflictos como el de Las Bambas son las "increíbles asimetrías de poder". Para el sociólogo las diferencias están marcadas entre:
"[...] estos gigantes que operan a nivel mundial con pequeñas comunidades campesinas que han estado en la pobreza extrema y de pronto todo ha sido alterado por estas grandes inversiones".
"Si queremos avanzar habría que tratar a todos los actores de igual forma, habría que preguntarle a todos los actores con la misma insistencia y de esa manera habremos dado un paso adelante", agregó.
Para Durand, es complicado que los tres actores del conflicto dialoguen de manera igual. "La empresa que tiene enormes recursos concentra más poderes de los que debería. La concentración de poder es parte de esta problemática que debemos reconocer", señaló.
Ante ello, el abogado Gonzalo Quijandría, que cuenta con estudios y experiencia en gestión minera, respondió afirmando que "no es tan sólido eso de que se tiene dinero y se tiene poder".
"El sector minero ha perdido poder por un tema evidente, por su mala fama, por su mala reputación", afirmó.
Quijandría sostuvo que, por ejemplo, si hay convenios entre empresas mineras y la Policía Nacional es porque "no hay comisarías donde se está invirtiendo más en el país". "El Ministerio del Interior debería calcular cuánta seguridad necesita cada zona. No hay un gran poder detrás de esto", señaló.
"Si se tuviera ese poder, se podría generar movimientos en políticas públicas. A un empresario minero, ni un congresista lo recibe en su despacho por temor del parlamentario a que le tomen una foto con él. Eso es poco poder, casi nada de poder. El dinero no es poder en una situación como esa".
"No queremos un Estado pro-minero, queremos un Estado que esté presente en un proyecto de desarrollo para el bien del país. No somos los señores de la película Avatar que dicen 'destruyan el árbol'", agregó.
Recordemos que, en la historia del conflicto por Las Bambas, resalta la cantidad de cambios que se han realizado al proyecto, modificaciones que las empresas solicitaron y que el Estado aprobó sin considerar que se podría afectar a la población local, como el descarte del mineroducto por una carretera sin asfaltar que pasaría por la propiedad de la comunidad Fuerabamba.
Por ello, para el economista José de Echave, resulta lejana de la realidad la afirmación de Quijandría.
"No sé si el diagnóstico sobre el poder de los mineros (de Quijandría) corresponda con la realidad. Por ejemplo, no me imagino que el alcalde de Lima construya la ampliación de la vía expresa, que esta funcione cinco años y recién luego se negocie con los propietarios. Eso es lo que ha pasado en el caso de Las Bambas. El corredor minero funciona desde el 2015, estamos 2019 y recién el Ministerio de Transportes comienza a conversar con los propietarios. Esa es solo una demostración del enorme poder de los mineros".
"O la norma antielusión que está congelada desde el 2012, ¿quién hace presión para que eso no salga? La Confiep y la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE). Yo sí creo que tienen un poder enorme. De eso hay evidencias. Que todo no salga como quieren, es otro asunto. Pero hoy en día la representación máxima del empresariado es el minero, la data y los hechos demuestran que es así", agregó de Echave, subdirector de CooperAcción.
En este sentido, el economista Juan Infante lamentó que en más de veinticinco años de "nueva minería" la situación no haya mejorado respecto a la relación con las comunidades de la zona en la que se realizan las actividades extractivas.
"Podemos decir ahora que es vergonzoso no haber resuelto esto. Es el colmo. Existe el poder del dinero y el poder minero. ¿Cómo es posible que los mineros, con tanto dinero y poder, no han podido evitar estos conflictos? Si tienen poder, deberían usarlo para que el Estado funcione de tal manera que no tengamos estos conflictos", afirmó.
"Hay demasiado dinero y está siendo mal utilizado. Las mineras tienen mucho poder y el único poder de las comunidades es bloquear las vías", agregó.
Como señalamos anteriormente en otra publicación, hasta el momento las empresas que han estado a cargo de la mina (Xstrata Copper, Glencore-Xstrata y MMG Limited) han presentado nueve solicitudes para modificar el proyecto a través de cambios a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado en marzo del 2011, durante el gobierno de Alan García.
Las solicitudes para cambiar el EIA de Las Bambas se presentaron a través de tres modificatorias (MEIA) y seis Instrumentos Técnicos Sustentatorios (ITS). Todas estas fueron aprobadas por el Poder Ejecutivo, ya sea por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) hasta diciembre del 2015 como por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), que entró en funciones esa fecha.
Notas relacionadas en LaMula.pe:
Diálogo por Las Bambas no se ha detenido con las comunidades, dice la ministra Bustamante
¿Qué sigue en el camino del diálogo por Las Bambas?
