A fines del 2018, cuando los gremios presionaban y el entonces presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, daba señales a favor de la reforma que pedían los empresarios, el ministro de Trabajo, Christian Sánchez, defendió el espacio institucional para el diálogo en temas laborales. "Todas las opiniones sobre materia laboral deben confluir y converger en el espacio de diálogo social, que es el Consejo Nacional del Trabajo (CNT)", dijo a la prensa a inicios de diciembre. Días después, presentó su renuncia y luego el presidente Martín Vizcarra terminó el año aprobando la "Política Nacional de Competitividad y Productividad" (PNCP), una reforma que podría disminuir los días de vacaciones y flexibilizar los despidos.
Ahora, cuando la bancada fujimorista Fuerza Popular (FP) se suma con proyectos de ley sobre indemnización por despido arbitrario y reposición laboral, el abogado laboralista Christian Sánchez señala la falta de argumentos de estas propuestas y advierte que se pretende imponer una reforma excluyendo a los trabajadores.
"No tiene mucho sentido esa propuesta [proyecto de ley de Úrsula Letona]. Tomando en cuenta que 75% de contratos en Perú son temporales, entonces, el efecto disuasivo de la indemnización por despido solo se va a aplicar a un 25% de trabajadores. Cuando se incrementa la indemnización, se supone que se hace para disuadir a los empleadores de efectuar un despido arbitrario, pero ese efecto se neutraliza si predominan los contratos temporales. Son argumentos que no se sostienen", dijo a LaMula.pe.
El exministro de Trabajo recordó que si bien los tratados internacionales dejan libres a los países en este aspecto, el Tribunal Constitucional (TC) interpretó que el despido sin causa lesiona derechos fundamentales.
En este sentido, lamentó que tanto el Ejecutivo como el Legislativo insistan en que el único problema es la estabilidad laboral y no toquen temas como la negociación por rama de actividad y los requisitos para la formación de organizaciones sindicales, entre otros.
"La reforma laboral debe ser integral, se debe considerar lo individual y lo colectivo, empezando por qué hacemos para aumentar la tasa de afiliación sindical, disminuir los contratos temporales, analizar el régimen de agroexportación, las AFPs, los seguros de salud. Hay que poner todas las piezas del problema".
Para Sánchez, lo que se debe hacer es reabrir el espacio de diálogo institucional. De lo contrario, el Gobierno estaría cayendo en las formas antidemocráticas practicadas durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000).
"Están cerrando el debate solo sobre el despido indemnizado y beneficiando a los empleadores".
"Se debe abrir un espacio de discusión verdadero y legítimo en el Consejo Nacional de Trabajo y escuchar las opiniones de los trabajadores. No se puede pretender hacer una reforma de la legislación laboral de manera unilateral proponiendo modificar la Constitución sin abrir espacio de diálogo, eso es totalmente antidemocrático, es repetir la experiencia de los años noventa, cuando se hizo una reforma impuesta por el Estado, unilateral y sin diálogo social", afirmó.
"Ahí está el texto de la Ley General de Trabajo para ir a una reforma amplia y general", agregó.
Sin embargo, actualmente hay un problema, ya que la aprobación de la Política de Competitividad provocó que la Confederación Nacional de Trabajadores (CGTP) se retire del Consejo Nacional. Al respecto, Sánchez señaló que el Perú estaría incumpliendo el Convenio 144 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) al aprobar de manera unilateral una política sobre temas laborales.
"La CGTP se retiró del Consejo porque el Gobierno aprobó la Política incumpliendo el acuerdo tripartito de debatir el tema. Se retiraron porque el Gobierno aprobó unilateralmente una política. La nueva ministra (Sylvia Cáceres) asumió y firmó la Política y, con ello, colocó al Perú en una situación de incumplimiento del Convenio 144".
Sobre esta política de competitividad, en su discurso ante el Congreso, el Jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, afirmó que se estaba elaborando a través de "comités técnicos público-privados". Al respecto, Sánchez fue enfático al afirmar que "eso no es diálogo social".
"El diálogo no son talleres ni presentaciones en Power Point, ni comités público-privados. El diálogo social tiene un espacio institucionalizado que es el Consejo Nacional de Trabajo, el cual no está funcionando porque el Gobierno desconoció el acuerdo tripartito".
Para el exministro de Trabajo, el Gobierno da señales contradictorias al afirmar que no se afectarán derechos laborales, pero aprobando "una política que dice todo lo contrario y parte de un diagnóstico equivocado, sesgando el debate".
Sánchez sostiene que la única salida para una reforma laboral democrática es generar un espacio de confianza derogando, como pide la CGTP, el capítulo laboral de la polémica Política de Competitividad. Con ello, los trabajadores volverían al Consejo Nacional y se podría debatir una reforma integral en beneficio de todos.
[Foto de portada: Andina]
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